La defensa de Jordi Sánchez, número 2 por Barcelona de JuntsxCat, ha pedido al juez del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, que autorice permisos para que su cliente pueda participar en actos de campaña de su candidatura, custodiado "si fuera necesario" por fuerzas de seguridad del Estado.

En un escrito al que ha podido acceder la ACN, el abogado de Sànchez, Jordi Pina, considera que este tiene que poder intervenir en la campaña "en condiciones de máxima igualdad posible con el resto de candidatos" y cita, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pina también señala "la conveniencia de garantizar que, por su propia credibilidad tanto interna como internacional, este proceso electoral pueda tener lugar con la máxima normalidad posible, hecho que exige que los diversos candidatos puedan hacer llegar, en igualdad, su programa a los ciudadanos catalanes".

En esta línea, solicita que pueda participar en debates electorales organizados por los medios de comunicación a los cuales esté invitado, como también conceder entrevistas a medios, durante el periodo electoral desde dentro de la prisión, y que tenga acceso a internet "en un horario amplio" que le posibilite intervenir en campaña y dar a conocer las propuestas de su candidatura a través de las redes sociales. Además, se ha comprometido a entregar "con la mayor brevedad posible" una relación de los actos a los que el número 2 de JuntsxCat se propone acudir para que su asistencia "pueda ser individualmente autorizada".

En el mismo escrito, se asegura que la asistencia de Sànchez a estos actos permitirá comprobar al magistrado la voluntad de su cliente de "defender sus ideas por las vías pacíficas y constitucionales", un hecho que "difícilmente tendrá la oportunidad de acreditar si durante todo el periodo electoral se mantiene privado de libertad".

El TJUE, clave

El abogado de Sànchez considera que estas peticiones son "absolutamente conformes al principio de proporcionalidad" y, de hecho, añade que ante "el improbable" caso de que estas sean denegadas, solicita a la sala de lo penal del Supremo que plantee una cuestión perjudicial delante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Pina recuerda que el Supremo está "obligado" a someter esta cuestión perjudicial al tribunal europeo.