Pablo Iglesias empieza a verse acorralado por la justicia. En pocos días ha pasado de ser perjudicado por el caso Dina a querer ser imputado por el juez de la Audiencia Nacional. Frente a esto, el Gobierno cierra filas con su vicepresidente segundo. Ayer ya fue el presidente Pedro Sánchez quien le transmitió, de forma privada, su apoyo. Hoy lo ha verbalizado la portavoz del ejecutivo, María Jesús Montero, que ha defendido que "todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia" y que el líder de Podemos tiene "todo el apoyo".
En una entrevista en Televisión Española este jueves, la ministra de Hacienda ha subrayado que el vicepresidente segundo del Gobierno "no está siendo investigado por haber hecho un mal uso del ejercicio de su cargo, ni por haber hecho uso de dinero público de forma indebida, ni por cuestiones vinculadas a su responsabilidad actual". En este sentido, ha sostenido que la causa "forma parte de su vida anterior" y que nada tiene que ver con la corrupción. Ha subrayado que tiene que tener "un proceso garantista" y ha llamado a no hacer "especulaciones". Ha lamentado que "muchas veces, la información que se conoce ya viene muy intencionada hacia una dirección".
Ayer fue Pedro Sánchez quien, antes de tomar un avión rumbo a Argelia, confirmó en una conversación informal con periodistas que había hablado de forma privada con su vicepresidente segundo. El presidente español le expresó su apoyo, al mismo tiempo que manifestó "respeto" por las decisiones judiciales.
De perjudicado a posible imputado
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente segundo de Gobierno y líder de Podemos por el delito de daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa por su presunta implicación en la 'pieza Dina' que se investiga en el marco del conocido como 'caso Villarejo'. Aunque el caso ya se está investigando la condición de aforado de Iglesias obliga a la Audiencia Nacional a trasladarlo al TS.
Este nuevo movimiento, mientras Sánchez presentaba el plan de recuperación con los fondos europeos, choca con el recorrido judicial de la causa. El magistrado instructor retiró la condición de perjudicado a Iglesias, una condición que, después de recurso de apelación, la sala de lo penal le devolvió. Ahora García Castellón ha pedido poder investigar igualmente al vicepresidente segundo del Gobierno.