En un escrito judicial, el penalista Benet Salellas ha comparado la situación de su cliente Santos Cerdán con el abuso de la figura de los arrepentidos de la mafia de italiana (pentiti), que provocó el suicidio de un magistrado en diciembre de 1992, para insistir en la inocencia del ex número 3 del PSOE y que Koldo García, que es el autor de grabar audios incriminatorios contra Cerdán, "es colaborador de la Guardia Civil". En la resolución de prisión provisional sin fianza, el magistrado Leopoldo Puente no ha hecho mención de esta extrema alusión italiana, pero ha asegurado que Koldo García, exasesor del ministro José Luis Ábalos, "no es un agente encubierto" y ha decretado la prisión de Cerdán al asegurar que es el líder de la trama de la concesión de adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones.
Cerdán ha ingresado por la tarde en la prisión de Soto del Real, donde estuvieron los presos políticos independentistas, durante meses, hasta que se les permitió ir a las prisiones catalanas. El instructor del Tribunal Supremo ha justificado su prisión provisional porque puede "ocultar o manipular pruebas" y lo ha invitado a hablar de los otros posibles beneficiarios de las comisiones, insinuando al PSOE.
El magistrado Signorino
En concreto, en la vista de comparecencia de la prisión del ex número 3 del PSOE, su defensor, Benet Salellas, ha afirmado: Me gustaría acabar si me permite señoría, evocando la historia reciente de un país hermano, la República Italiana. Cuando estamos en una causa repleta de confesiones espurias, de pretendidos confidentes y de todo este panorama, hay que recordar las terribles consecuencias en la vida política italiana de los años noventa del siglo pasado de la utilización de los pentiti como mecanismo de prueba y de inculpación, cómo se acabó intoxicando la vida pública italiana por culpa de la utilización de mecanismos excepcionales de prueba, tanto es en cuanto que acabaron incluso provocando el suicidio de un magistrado, Domenico Signorino; un mafioso arrepentido llamado Gaspare Mutolo lo acusó de ser connivente con la mafia, el magistrado salió al paso de las acusaciones, pero no pudo soportar el peso de la sospecha, escribió una nota a su mujer: scusa, sono innocente; y se disparó a la cabeza. Algo parecido a este "disculpen, soy inocente" resuena también en las paredes de nuestro Tribunal Supremo."
Las grabaciones bajo sospecha
En la vista, Salellas también ha cuestionado el origen de las grabaciones, "que casi provoca la caída del Gobierno" y que no son a la causa del Supremo. El abogado expone que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "encuentra de forma casual ahora" los audios que "provienen de ocho grabaciones que han localizado esparcidas en cuatro dispositivos electrónicos distintos encontrados en la entrada y registro realizada en febrero del 2024, hace 16 meses, unos 500 días, en casa del señor Koldo García en Polop de la Marina". Añade que "esta es la única fuente de prueba de esta imputación", y que no están incorporadas en la causa, porque quizás está en la causa del caso Koldo de la Audiencia Nacional (iniciado con la compraventa de mascarillas por la covid-19); no están transcritos, y "no consta en esta causa especial ni diligencia de clonado, ni de volcado, ni de apertura en sede judicial de estos audios", a más de otras deficiencias y que hay "pasajes que son ininteligibles".
¿Dónde están los cinco millones en comisiones?
El penalista también le recuerda jurisprudencia del propio Supremo como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que es crítico con el material "provocado", en una causa penal. Sin embargo, el magistrado Puente sostiene que hay otros indicios, como la participación de Cerdán en la sociedad Servinabar, aunque negada, y que en la medida en que avance la investigación se diluirá el peligro de que el ex mano derecha de Pedro Sánchez destruya pruebas. Además, indirectamente le invita a que explique dónde han ido a parar al menos cinco millones en supuestas comisiones (el 1% calcula el juez) de las adjudicaciones de unos 550 millones de euros, la mayoría a la sociedad Acciona.