El magistrado Ramón Sáez Valcárcel ha expresado, en un voto particular, su oposición frontal al auto aprobado por los nueve compañeros del pleno del Tribunal Constitucional (TC), que rechazó levantar la orden de detención en el Estado español del president en el exilio, Carles Puigdemont, y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, impuesta por el Tribunal Supremo al no quererles aplicar la amnistía por el 1-O. Sáez Valcárcel califica de “inaudito” y de “contrasentido” que el TC no haya aprobado la medida cautelar, mientras analiza el fondo de los recursos de amparo presentados por los políticos catalanes.

El TC aseguró que “la adopción de esta medida supondría una interferencia directa en la función jurisdiccional del Supremo”. Y Sáez Valcárcel replica: “Estas afirmaciones (interferencia, perturbación, injerencia) permiten clausurar cualquier debate sobre tutela cautelar en sede constitucional, un hecho inaudito”, según manifiesta en su voto particular, anunciado el pasado 27 de enero, ahora notificado, y al que ha tenido acceso ElNacional.cat este miércoles. Sostiene que la negativa del TC “vacía de contenido” el derecho a tutela judicial efectiva, y apuesta por que se levante la orden de detención y puesta en prisión de los tres políticos catalanes.

La ley de amnistía, en vigor

Para el magistrado, el Constitucional “reconstruye el caso de manera parcial”, ya que no explica “los motivos novedosos”, que son que la ley de amnistía fue aprobada, validada por el juez constitucional, y después el juez instructor Pablo Llarena se negó a aplicarla a Puigdemont, Comín y Puig por una interpretación de la exclusión sobre el delito de malversación de fondos. La ley de la norma del olvido penal hace referencia expresa a quien entonces era el president de la Generalitat, sostiene Sáez Valcárcel. Añade que en el auto, el TC se equivoca al asegurar que no puede aplicar la cautelar por el interés general, cuando “el principio de legalidad” —es decir, la ley de amnistía en vigor—, es lo que hay que proteger. Un posicionamiento defendido por los abogados de los exiliados, Gonzalo Boye y Jaume Alonso-Cuevillas.  

Crítico con el Supremo

Además, el magistrado también sostiene que la cautelar se debería haber concedido también a los condenados por malversación del 1-O, a los cuales el Supremo les mantiene la inhabilitación hasta 2030 y 2031: el secretario general de Junts, Jordi Turull; el líder de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsellers Dolors Bassa y Raül Romeva.

Sáez Valcárcel ya fue muy crítico con la sentencia del Tribunal Supremo —redactada por Manuel Marchena— contra los líderes catalanes, de la cual aseguró que estaba “llena de valoraciones y opiniones”.

Una medida que se puede volver a aplicar

Por todo ello, el magistrado del TC apuesta por aprobar la medida cautelar, a pesar de que los acusados no estén a disposición del Supremo, con el fin de no lesionar sus derechos. Y concluye que siempre se puede volver a aprobar la medida de búsqueda, detención e ingreso en prisión de Puigdemont y los exconsellers por parte del Tribunal Supremo.