Sin sorpresas. El pleno del Tribunal Constitucional (TC) de este martes ha acordado mantener la orden de detención del president en el exilio, Carles Puigdemont, en el Estado español, impuesta por el Tribunal Supremo. El órgano de garantías rechaza así levantar esta medida, mientras resuelve si se le debe aplicar la ley de amnistía por la acusación de malversación del 1-O. El Constitucional también ha acordado denegar la medida cautelar de suspensión de la orden nacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, según ha informado el órgano de garantías que ha avanzado los argumentos en un comunicado. Esto significa que ninguno de los tres puede regresar al país sin ser detenido, y además, Puigdemont y Puig tendrán que seguir ejerciendo de diputados por Junts desde el exilio. El magistrado progresista Ramón Sáez Valcárcel ha anunciado la formulación de un voto particular, pero no se ha avanzado nada de su contenido.
El juez instructor Pablo Llarena —avalado por la sala de lo penal del Supremo— descartó aplicar la norma del olvido penal al líder de Junts y a los exconsellers, cuando entró en vigor en verano de 2024, al asegurar que con la convocatoria del referéndum se enriquecieron, extremo excluido en la ley para aplicar este beneficio. El argumento forzado del Supremo es que se beneficiaron por omisión, al no poner de su bolsillo el dinero para celebrar la votación del 1-O.
Sin contradecir al Supremo, por ahora
Con esta resolución, el pleno del Constitucional sigue su línea prudente y de no contradecir, por ahora, al Tribunal Supremo en la aplicación de la ley de amnistía. El diciembre pasado, el TC, también denegó anular la inhabilitación a cargo público por la condena del 1-O al secretario general de Junts, Jordi Turull; al líder de ERC, Oriol Junqueras, y a los exconsellers republicanos Dolors Bassa y Raül Romeva. La respuesta fue que les mantiene la inhabilitación hasta los años 2030 y 2031, impuesta por el Tribunal Supremo, hasta analizar a fondo si les aplica la amnistía en el delito de malversación de fondo. Y aseguró que no hay ningún derecho vulnerado de los políticos catalanes porque su resolución final será antes de que se agote su inhabilitación.