Los presos políticos Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, han presentado recurso contra el auto de la jueza de vigilancia penitenciaria que a pesar de avalar el derecho a disfrutar del tercer grado los mantiene a prisión a la espera de la decisión del Tribunal Supremo.

 

 

 

El recurso llega dos días después de que la jueza de vigilancia penitenciaria 5 de Catalunya, María Jesús Arnau Sala, avaló el tercer grado concedido a los presos políticos desmontando así el argumento de la fiscalía. Con todo, en aquel auto la jueza mantenía las medidas cautelares sobre los presos, que implican mantener la suspensión del régimen de semilibertad y por lo tanto impiden la recuperación inmediata del tercer grado y de los beneficios del artículo 100.2, que permite permisos por trabajo o voluntariado, ya que la cuestión ha sido elevada en el Tribunal Supremo, que es quien tiene que tomar una resolución sobre la apelación de la Fiscalía.

Por lo tanto, dado que los presos continúan en sus respectivas prisiones, las defensas de Rull, Turull y Sànchez han dado el paso de presentar un recurso donde se rebate el mantenimiento de la suspensión cautelar del tercer grado. En concreto, a los textos presentados se puede leer que el recurso se hace "únicamente contra el particular concreto de mantener la vigencia de la suspensión cautelar" que les impide disfrutar del tercer grado.

A favor del tercer grado

Por eso mismo, los escritos de la defensa de Rull, Turull y Sànchez destacan que suscriben "en su integridad los brillantes razonamientos de fondo" del auto de la jueza, que tumba los razonamientos de la fiscalía, ya que "confirma la resolución administrativa que acuerda la progresión en el tercer grado". Por lo tanto, se insiste en especificar que "únicamente se recurre el mantenimiento de la suspensión cautelar que ya había sido previamente acordado en virtud de Providencia de fecha 30 de julio del 2020".

"Aberración jurídica"

La decisión de la jueza de ratificar el tercer grado pero al mismo tiempo mantener a los presos políticos cerrados fue tildado de "aberración política" por el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, que el mismo miércoles afirmó que "España no es un estado de derecho homologable" en declaraciones desde Prada (Confluencia), donde participó en un acto en la Universitat Catalana d'Estiu (UCE). Además, denunció que "a los presos políticos se les exige, a través de un programa de rehabilitación, que cambien su manera de pensar".