El presidente del Parlament, Josep Rull, ha pedido agilidad para que la Cámara pueda resolver entre septiembre y octubre los procedimientos abiertos contra cuatro diputados, a los cuales se investiga por posible incumplimiento del Código de Conducta. En una entrevista con la ACN, Rull ha destacado que este sistema, introducido recientemente, tendría que permitir una gestión más rápida de los casos. Los diputados implicados son Laure Vega (CUP), Sílvia Orriols (Aliança Catalana), Joan Garriga (Vox) y Júlia Calvet (Vox).

Actualmente, la Comisión del Estatuto del Diputado tiene el encargo de analizar estos expedientes y elaborar un informe que después la Mesa del Parlament utilizará para decidir si se aplican sanciones. No obstante, esta comisión no se ha reunido desde diciembre y ahora mismo su presidencia está vacando.

Los procesos contra estos cuatro diputados han sido iniciados por los grupos Vox, ERC y PSC —este último en dos ocasiones. Rull ha resaltado que es un hecho importante que varios grupos parlamentarios utilicen este mecanismo, que ha sido aceptado por todos de manera activa o pasiva, cosa que demuestra su relevancia dentro del Parlament.

¿Qué han hecho estos diputados?

Este sistema se basa en un modelo usado en el parlamento alemán de Baden-Württemberg, donde se revisan casos de discursos de odio con un procedimiento posterior. Según Rull, el mecanismo permite garantizar una libertad de expresión amplia al Parlament pero sin impunidades, y evita también que grupos de extrema derecha puedan utilizar su posición para hacerse las víctimas cuando no se trata inmediatamente estos temas en el hemiciclo. Asimismo, Rull ha explicado que cuando un diputado hace comentarios ofensivos directamente contra otro, la presidencia tiene que actuar de forma inmediata.

Los cuatro casos que están pendientes de análisis tienen que ver con declaraciones hechas en diferentes plenos y comisiones. El primer caso es el de la diputada de la CUP, Laure Vega, que afirmó que "tirar piedras en los Mossos y quemar contenedores es un hecho cultural propio" —una afirmación que motivó denuncias y que Vox llevó a la Mesa. Vega defendió que su comentario tenía carácter humorístico.

El segundo procedimiento se dirige contra Sílvia Orriols, que acusó a la diputada de ERC Najat Driouech de "normalizar la misoginia y el fundamentalismo islámico" para llevar velo, un caso que se remonta a un pleno del 26 de marzo.

El PSC ha presentado dos solicitudes: una contra Joan Garriga (Vox), por unas declaraciones vinculando socialistas con prostitución y corrupción, y otra contra Júlia Calvet (Vox), para acusar a la consellera Mònica Martínez Bravo de estar implicada en uno de los casos de corrupción mayores del Parlament.

Con respecto a la Comisión del Estatuto del Diputado, su presidencia ha quedado vacante después de que Judith Toronjo (Junts) pasara a presidir la Comisión de Asuntos Institucionales. Junts ha propuesto Antoni Castellà para ocupar el cargo, que está pendiente de nombramiento. Esta comisión solo se ha reunido cuatro veces desde el inicio de la legislatura y no lo hace desde diciembre pasado.

El Código de Conducta establece que los diputados tienen que mantener una actitud ejemplar y respetuosa, reflejando la confianza pública que se les ha otorgado, y prohíbe cualquier tipo de discriminación. En caso de incumplimiento, la Mesa puede aplicar sanciones que van desde una amonestación pública hasta multas de hasta 12.000 euros, e incluso proponer al pleno la suspensión temporal del diputado sancionado. Esta decisión del pleno es definitiva, aunque se puede pedir la reconsideración de la propuesta de que hace la Mesa.