Gabriel Rufián, Míriam Nogueras, Mertxe Aizpurua y Aitor Esteban formarán parte de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados, oficialmente Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados, según ha aprobado este martes la Cámara Baja. A los cuatro representantes de los partidos independentistas catalanes y vascos, de ERC, Junts, EH Bildu y el PNV, respectivamente, se suman Miguel Tellado (del PP), Patxi López (del PSOE), Marta Lois (de Sumar), Pepa Millán (de Vox) y Néstor Rego (del BNG).

Los diputados necesitaban el voto afirmativo de la mayoría absoluta para ser elegidos y Rufián, Nogueras y Aizpurua han recibido, justamente, 176 votos exactos, el límite que marca la mayoría absoluta. Por su parte, el resto de candidatos presentados por los grupos parlamentarios han contado con apoyos desiguales: Miguel Tellado ha obtenido 299 votos; Patxi López, 310; Pepa Millán, 299; Marta Lois, 312; Aitor Esteban, 308; y Néstor Rego, 211.

Se da la paradoja de que Rufián, Nogueras, Aizpurua y Esteban son los únicos que la pasada legislatura ya asistieron a la única sesión de la comisión que se celebró. Patxi López pasó a formar parte en diciembre del 2022, pero ya no participó en ninguna reunión. Anteriormente, por parte de los partidos catalanes, habían formado parte Joan Tardà, Joan Puigcercós y Agustí Cerdà, los tres de Esquerra Republicana, Josep Antoni Duran y Lleida, de CiU, y Jordi Xuclà, del PDeCAT.

El PP pide a los independentistas que se aclaren

Durante el breve debate que ha habido en el pleno antes de la votación, solo han solicitado la palabra el PP y Vox. Por parte de los populares, ha hablado José Antonio Bermúdez de Castro, diputado desde 1996 y actual vicepresidente segundo de la Mesa, que ha presentado la entrada de ERC, Junts y Bildu, partidos que "se mantienen en un desafío abierto al Estado", a la Comisión de Secretos Oficiales como "un ejemplo más de la instrumentalización" que el PSOE hace de las instituciones para mantenerse en el poder.

Ha apelado directamente a los diputados de ERC, Junts y Bildu para apuntar que son ellos los que "han querido voluntariamente pertenecer a esta comisión", que tiene acceso a "información delicada y estratégica por el Estado" y a "determinadas actuaciones de los servicios de inteligencia". Bermúdez de Castro ha argumentado que, queriendo formar parte de esta comisión, "asumen un compromiso con el Estado y con la ley, y con sus deberes y sus reglas" y los ha advertido de que tendrán que dejar fuera de la comisión "sus aspiraciones soberanistas ilegales y trabajar dentro en clave nacional española". "Aclárense: no se puede defender la ruptura con el Estado y querer formar parte de una comisión que pretende garantizar, precisamente, su integridad, su protección y su seguridad", ha proclamado. Para el diputado del PP, esto demuestra que ERC, Junts y Bildu "no son de fiar", cosa que llevará a los populares a exigir al Gobierno que "esté vigilando para que la información a la cual tendrán acceso no se utilice indebidamente".

Por su parte, la portavoz de Vox, Pepa Millán ha pedido la palabra para "denunciar la anomalía" que ha supuesto, a su entender, esta votación. Millán ha reprochado al PSOE que "haya dado vía libre para conocer información calificada de secreta, como la actividad del CNI" a los partidos que "se reafirman en todo aquello contra lo que, precisamente, lucha el CNI", que "se han definido a sí mismas enemigos de la integridad territorial del estado" y que "justifican los atentados contra los españoles y dieron un golpe de estado el año 2017". Para la portavoz de la extrema derecha, eso es el resultado de lo que han estado haciendo los socialistas los últimos cinco años: "Rediseñar las instituciones en la medida de los criminales y redactar las normas al dictado de quien ha dicho que lo volverán a hacer".

Un cambio de mayorías

Desde el 2004, la Comisión de Secretos Oficial estaba compuesta por un diputado de cada grupo parlamentario, que tenía que ser elegido por una mayoría de tres quintas partes (210 escaños). Sin embargo, en abril del 2022, después del estallido del CatalanGate, Meritxell Batet, que en aquel momento era la presidenta del Congreso, rebajó la mayoría necesaria hasta los 176 votos (mayoría absoluta) con el fin de sortear el veto que estaban imponiendo el PP y Vox. Contra la práctica parlamentaria que se había aplicado hasta aquel momento, las dos formaciones querían impedir que se constituyera para evitar que Bildu y los partidos independentistas tuvieran acceso a los secretos oficiales.

Finalmente, la Comisión de Secretos Oficial salió adelante en un pleno crispado por la derecha, con Inés Arrimadas, de Ciudadanos, tildando "de infamia" la entrada del independentismo y aludiendo a Jack el Destripador, y Macarena Olona, entonces en las filas de Vox, acusando a Meritxell Batet de "secuestrar el Congreso".

Una comisión sin móviles y con sesiones secretas

La Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados es la competente para recibir la información apropiada sobre el funcionamiento y actividades del CNI, tener acceso a las materias clasificadas y conocer los objetivos de inteligencia. El contenido de las sesiones y deliberaciones es secreto y los miembros de la comisión tienen que guardar secreto sobre todas las informaciones y documentos que reciban. Todo queda regulado en el artículo 11 de la Ley del Centro Nacional de Inteligencia.

De hecho, los diputados solo pueden asistir a la reunión de comisión con papel y bolígrafo y, antes de entrar, tienen que dejar los móviles y pasar un barrido electrónico para evitar grabaciones.

El CNI admitió haber espiado independentistas con autorización judicial

En la última sesión reciente de la Comisión de Secretos Oficiales, en mayo del 2022, la entonces directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, reconoció que el CNI espió a 29 personas vinculadas al independentismo catalán con una autorización judicial del Tribunal Supremo. Las explicaciones de Esteban, que fue cesada cinco días más tarde, no satisficieron ni a Esquerra, ni a Junts, ni a Unidas Podemos, que reclamaron que se constituyera una comisión de investigación o se desclasificara toda la documentación en torno al CatalanGate.