El inminente acuerdo de presupuestos quizás no será tan inminente. El Govern y el PSC se marcharon de vacaciones sin haber hecho los deberes, pero con el horizonte definido para llegar a un entendimiento. En la última sesión de control del año, Pere Aragonès señaló que el acuerdo entre las dos partes podría escenificarse a principios de enero, en consonancia con el calendario marcado por Salvador Illa. El maratón de reuniones fijadas para esta semana parecían el aliciente perfecto para solventar la situación y cumplir las expectativas. Pero el retorno al trabajo tras las fiestas de Navidad no ha sido del todo plácido.
El distanciamiento entre las partes se propició lunes, después de la primera reunión desde la reanudación de las negociaciones. La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, abría la puerta a llegar a un pacto esta misma semana, durante los encuentros previstos para miércoles o jueves. También la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, estaba optimista, asegurando que ahora se encauzaba "la recta final de esta aprobación". Pero todo saltó por los aires cuando la Generalitat decidió emitir un comunicado, sin el vistobueno de la otra parte, en el cual afirmaba tener un acuerdo definido con los socialistas después de haber aceptado una amplia mayoría de sus peticiones. "El 87% de los puntos que pidió el PSC en un documento presentado en rueda de prensa la semana de Navidad ya están acordados con el Govern", anunciaba el escrito, concretando que eran 147 propuestas de una variedad de ámbitos. El 13% restante, sin embargo, quedaban rechazados alegando un elevado coste para las arcas públicas catalanas.
El problema es que no existía ningún entendimiento formal entre las dos partes. Así se aseguró hacerlo constar Alícia Romero en una entrevista a ElNacional.cat al día siguiente. "No hay ningún acuerdo con el Govern de la Generalitat, ni un primero, ni uno parcial, ni ningún acuerdo," confirmaba la portavoz. Además, la socialista lamentó que el ejecutivo tampoco les había facilitado ninguna concreción sobre cuáles eran las medidas que habían sido aceptadas y cuáles eran las que habían sido tumbadas, mientras que sus cálculos diferían ampliamente de los 'oficiales'. Con todo, la actitud del Govern tan solo había contribuido a "marear la perdiz" y "romper puentes y confianzas".
"Todo el paquete" para no dejar fuera ninguna exigencia
La desconfianza entre los socialistas tiene como motivo de fondo este desconocimiento sobre qué medidas han sido aceptadas y cuáles no: se huelen que aquellas que el Govern alega estar dispuesto a incluir en el proyecto final son las que no incomodan a ERC, o incluso las que los republicanos ya tenían previsto aplicar. "Nosotros no tenemos todos los datos y no sabemos qué está pensando el Govern", advierten las mismas fuentes. En cambio, el ejecutivo estaría tramando dejar fuera todas aquellas exigencias que más les molestan. Serían los grandes proyectos como el Hard Rock, la ampliación del aeropuerto y la Ronda Nord (los republicanos han rechazado los tres y los han situado en una negociación paralela a los presupuestos), pero también otras propuestas incluidas en el decálogo del PSC, como parar la apertura de nuevas delegaciones de la Generalitat en el exterior durante 2023 o frenar la prueba piloto de la renta básica universal. Y aún hay otros, como que el Centro de Estudios de Opinión (CEO) pase a depender del Parlament, crear una comisión de seguimiento sobre las subvenciones a medios de comunicación, y reducir las entidades que dependen de la Generalitat.
La estrategia de ERC se basaría así en incluir todas estas exigencias indeseables de los socialistas dentro del puñado de medidas descartadas aduciendo su alto coste (un argumento sin mucho sentido, porque algunas, de hecho, reducen los gastos del Govern). Pero estas son, precisamente, las demandas prioritarias del PSC, sin las cuales Salvador Illa no está dispuesto a ceder su voto para aprobar los presupuestos. Alícia Romero dio un golpe sobre la mesa este miércoles, advirtiendo que el ejecutivo tenía que aceptar "todo el paquete de medidas" de los socialistas, y no solo una parte. La respuesta del ejecutivo fue mantener el pulso y reiterar, una vez más, que los macroproyectos tenían que quedar fuera de la negociación para los presupuestos, así como evidenciar su apoyo por las delegaciones exteriores y la renta básica universal que el PSC no quiere.
Junts y los comuns complican el entendimiento a cuatro
El problema es que en la ecuación también entran Junts y los comuns. Los de Borràs y Turull siguen negociando con sus exsocios de gobierno, aunque las conversaciones están más retrasadas. Ahora bien, un acuerdo entre el ejecutivo y el PSC que acepte todas las demandas de Salvador Illa podría dificultar un entendimiento posterior con Junts. Uno de los puntos calientes es, precisamente, la renuncia a abrir nuevas delegaciones en el exterior. Este martes, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, dejó entrever que no habría nuevas aperturas durante 2023 porque la prioridad es "consolidar" la red ya existente, en consonancia con el reclamo socialista. El anuncio fue duramente criticado por Victòria Alsina, quien, durante su tiempo como consellera, hizo una apuesta decidida por esta política. "Es una renuncia a los intereses nacionales de Catalunya", lanzó, advirtiendo que el posicionamiento "dificulta" un acuerdo de presupuestos. La Conselleria de Acción Exterior tuvo que salir del paso solo unas horas después y desdecirse, aclarando que el ejecutivo no descarta abrir nuevas delegaciones en 2023.
Y los de Jéssica Albiach también inquietan. La misma líder de los lilas ha asegurado que su grupo no contempla que el Govern acepte las propuestas de macroproyectos, como el Hard Rock, la ampliación del aeropuerto y la Ronda Nord. Los comuns se oponen completamente, y advierten que los pactos con otros partidos "no pueden ir en la línea contraria" del acuerdo ya escenificado entre Aragonès y Albiach (PSC, pero también Junts, consideran estas infraestructuras "irrenunciables"). La petición de detener la prueba piloto de la renta básica universal también puede cocer. Y, por otra parte, hace falta tener en cuenta que los comuns ya han conseguido arrancar de ERC el compromiso de impulsar un puñado de nuevos impuestos sobre las emisiones de cruceros, los alimentos ultraprocesados, viviendas vacías e incrementos en el impuesto de patrimonio. Los de Salvador Illa y los de Borràs y Turull se han pronunciado en la dirección contraria, apostando por la "prudencia fiscal" y la bajada de impuestos, respectivamente.
Los inevitables equilibrios electoralistas
Todo este rompecabezas tan solo se agrava por los equilibrios electoralistas. La perspectiva de las elecciones municipales en menos de cinco meses lleva a los grupos a andarcon pies de plomo y mirar con lupa cada una de sus decisiones. Ninguno de los partidos quiere verse obligado a renunciar a sus demandas o aceptar las de los demás. Así lo están evidenciando el PSC y ERC, que se han enrocado: los socialistas quieren que el Govern acepte todas sus exigencias, sin ninguna excepción, y lo hacen esgrimiendo el hecho que son primera fuerza en el Parlament; por su parte, los republicanos cierran la puerta a las demandas espinosas con la justificación de que ya han aceptado el 87% de sus medidas.
Fuentes del partido de Salvador Illa han mostrado inquietud ante la estrategia del ejecutivo de ERC. Temen que los republicanos estén utilizando los porcentajes para presionar a los socialistas hacia el 'sí'. El argumento vendría a cuestionar si los socialistas están dispuestos a hacer caer unos presupuestos que incluyen casi nueve de cada diez de sus demandas, y responsabilizarlos así de un hipotético desacuerdo. La misma Alícia Romero coincidía con esta hipótesis, planteando que el ejecutivo "seguramente está en una batalla por el relato anticipándose en caso de que no haya presupuesto". Pero, a pesar de la distancia, este es un escenario que ninguno de los actores implicados prevé ahora mismo: un fracaso podría ser igual de perjudicial para a todos. El acuerdo sigue siendo cuestión de días –solo hace falta que alguien ceda.