Revés de la Fiscalía al juez que investiga el Caso Volhov. El ministerio fiscal se ha posicionado en contra de enviar a la Audiencia Nacional al exconseller de ERC Xavier Vendrell, el exdirigente de CDC David Madí, el empresario Oriol Soler y el director de la oficina de expresidente de Carles Puigdemont, Josep Alay, por su supuesta vinculación en el Tsunami Democràtic. De esta manera la Fiscalía apoya los recursos presentados en contra y rechaza la decisión del titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, de inhibirse en todo aquello relativo a las investigaciones del Tsunami y remitirlo a la Audiencia Nacional.

No sólo eso, el fiscal considera que "se han vulnerado los derechos a la tutela judicial efectiva de los investigados en este caso, y en este caso, también del apelante, produciéndose indefensión." Por esta razón, reclama declarar la nulidad del auto y dictar otra resolución judicial "que satisfaga el derecho de las partes a conocer los fundamentos básicos" que llevan al instructo a inhibirse en los hechos relativos al Tsunami Democràtic.

Sin motivación jurídica

El fiscal, Fernando Maldonado, muestra la "plena conformidad" con el recurso en contra de la intención del juez y advierte que la decisión de enviar el caso a la Audiencia "no tiene la más mínima motivación táctica y jurídica". En el escrito reprocha que el juez no explica los hechos que atribuye a los implicados —Vendrell, Madí, Soler y Alay, además de Jaume Cabani, Josep Campmajó y Maria Molina Àlvarez—, ni tampoco detalla su calificación jurídica.

"Al fin y al cabo supone un quebrantar el derecho de las partes no sólo a conocer los hechos que se les imputa sino también a conocer las razones por las cuales el juzgado se inhibe a favor de la Audiencia Nacional", advierte.

Control de legalidad

El fiscal recuerda que el juez se ha limitado a explicar que ante las razones expuestas por la Audiencia accedía a inhibirse en este caso, y que no se ha comunicado a las partes las razones por las cuales se había solicitado la inhibición. "Es evidente que no se puede realizar un control de legalidad de la actuación judicial ni las partes pueden argumentar —a través de los recursos— en contra de la citada inhibición", añade el texto donde se argumenta que no se puede entrar en el fondo de la cuestión competencial dado que se desconocen los argumentos del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional para considerarse competente.

Esta no es la primera vez que la Fiscalía se muestra crítica con la actuación del juez. El sumario recoge también las reticencias expresadas por el ministerio fiscal ante los seguimientos a que la Guardia Civil sometió a Madí, Vendrell y al responsable de la plataforma Pro Seleccions Catalana, Xavier Vinyals. Además de intervenir sus teléfonos, se les sometió a seguimiento con balizas de geolocalización y se les instaló micrófonos en los coches.

 

En la imagen principal, el exdirigente de CDC David Madí durante el registro de su despacho dentro de las investigaciones del Caso Volhov / Sergi Alcàzar