La ofensiva de Ciudadanos contra el decreto de Sánchez que amplía los permisos de paternidad se ha hecho añicos. Este miércoles, el grupo de Albert Rivera forzó la Mesa del Congreso a pedir un informe a los letrados sobre la constitucionalidad de tramitar a través de un decreto ley en la Diputación Permanente, la representación el pleno cuando las Cortes están disueltas. Los servicios jurídicos de la cámara les han dicho que no tenían razón.
El representante de Cs en la Mesa, Ignacio Prendres, argumentó que el decreto de Sánchez modifica una ley orgánica —la de igualdad del 2007—, y advertía que la normativa prohíbe que las leyes orgánicas sean modificadas por una norma extraordinaria, como sería el caso de un decreto ley. Pero los letrados han dicho que es constitucional.
Los servicios jurídicos, en un informe que se ha debatido en la Mesa del Congreso este jueves, señalan que la materia de ley orgánica son las disposiciones finales, y que por lo tanto su tramitación puede ser como la del resto de real decretos ley. Su entrada en vigor, a falta de la convalidación por parte de la Diputación Permanente, está prevista para el próximo 1 de abril.