El abogado Gonzalo Boye considera que "era previsible" que la justicia europea rechace que el president en el exilio, Carles Puigdemont, y el conseller Toni Comín ocupen sus escaños europarlamentarios provisionalmente. Aunque ha asegurado que respeta la decisión, ha adelantado que no la comparte y que la defensa la recurrirá.
"Las medidas cautelares eran la forma más rápida de restaurar a los eurodiputados electos en sus derechos y ahora nos centraremos en el fondo de la cuestión, que, en definitiva, plantea asuntos de fondo sobre el sentido democrático de la UE", ha apuntado el abogado.
Según la normativa del tribunal, la resolución sobre medidas cautelares se puede recurrir en un plazo de dos meses. Boye descarta presentar el recurso entre hoy y mañana puesto que alega que este tipo de trámite jurídico es "complejo".
Las medidas cautelares eran la forma más rápida de restaurar a los eurodiputados electos en sus derechos y ahora nos centraremos en el fondo del caso que, en definitiva, plantea cuestiones de fondo sobre el sentido democrático de la Unión Europea.
— Gonzalo Boye (@boye_g) 1 de julio de 2019
Puigdemont, después de conocer el 'no' de la justicia europea a ser eurodiputado, ha avisado que están en juego la voluntad de millones de votantes y el futuro de la UE. "Continuaremos", ha publicado en las redes.
Continuem! Era molt difícil que s'admetés a tràmit i encara més que es concedissin cautelars. Estem preparats per la vista que se celebrarà properament: la representació de milions de votants està en joc, i també, el futur de la UE com a espai de democràcia exemplar https://t.co/Rxfo1Darnr
— Carles Puigdemont (@KRLS) 1 de juliol de 2019
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desestimado la petición de medidas provisionales de Puigdemont y Comín en que pedían poder tomar posesión de manera provisional de sus escaños en el Parlamento Europeo.
El presidente del Tribunal General recuerda en su escrito que las credenciales de los diputados son proclamadas por los Estados miembros de la UE y que el Parlamento no puede cuestionar la validez de la declaración realizada por las autoridades de cada país, ni tampoco puede negarse a tomar nota de una declaración en que se considera que hay irregularidades.