La defensa de Carles Puigdemont no se opone a la decisión del juez instructor del Supremo Pablo Llarena de llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la negativa de los tribunales belgas a extraditar a Lluís Puig. Así lo ha hecho saber en un escrito de más de 200 páginas en que recuerda todas las cuestiones prejudiciales que ha intentado plantear hasta ahora Puigdemont al TJUE y que el juez instructor se ha negado a tramitar. De hecho, las reitera y añade un nuevo paquete para su tramitación.

Después de que la Fiscalía haya dado luz verde a la pretensión de Llarena de dirigirse al Tribunal de Luxemburgo, la respuesta de los abogados de la defensa, que encabeza Gonzalo Boye, considera "innecesaria" la cuestión prejudicial que plantea Llarena porque la jurisprudencia en este tema es muy clara. Además, ironiza que resulta "sorprendente" el interés del juez por plantear una o diferentes cuestiones prejudiciales después de la sistemática denegación de las cuestiones planteadas por Puigdemont. El escrito atribuye la decisión de Llarena a "una estrategia para impedir o diferir un resultado que se puede presumir que será también denegatorio de la entrega".

Invita encarecidamente

En cualquier caso, la defensa de Puigdemont "no sólo no se opone sino que invita encarecidamente al magistrado instructor a que plantee las cuestiones prejudiciales que considere oportunas al TJUE, incluidas las que esta parte viene reclamando desde hace años en esta causa".

Antes, de llegar a esta conclusión, el documento reitera las denuncias sobre violación de derechos fundamentales en el procedimiento y que han recogido sentencias como la del Tribunal de Apelaciones de Bruselas contraria a extraditar a Lluís Puig o declaraciones como la del Grupo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas.

consejero|conseller Lluis monte extradicion belgica - ACN

El Supremo quiere plantear al TJUE cuestiones prejudiciales sobre la denegación de la euroorden contra Lluís Puig / ACN

Arbitrariedad del Supremo

"Es, en definitiva, la manifiesta arbitrariedad con que viene operando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo respecto de los represaliados políticos catalanes la que ha colocado al magistrado instructor ante la penosa situación en que se encuentra", advierte.

El texto critica a Llarena por adoptar sin pudor desde hace más de tres años "decisiones judiciales basadas en criterios estrictamente políticos", decisiones "antijurídicas", como demostró el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas.

 

La respuesta de la defensa de Puigdemont dedica las 125 primeras páginas de su escrito a recordar las sucesivas cuestiones prejudiciales que ha reclamado y que no han sido admitidas por el juez instructor, las cuales reitera de nuevo.

Autoridad del instructor

Y añade más. En concreto, reclama plantear al TJUE cuestiones sobre la autoridad del juez instructor del Supremo para emitir la orden de búsqueda, captura y detención contra diputados del Parlamento Europeo escogidos en España; sobre la emisión de una orden detención europea sin haber recibido antes la suspensión de las inmunidades aplicables por el Parlamento Europeo o si la adquisición de la condición de diputado del Parlamento Europeo obliga a levantar o retirar las órdenes de búsqueda y las de detención europeas o internacionales vigentes en el momento de la elección.

También pregunta sobre la interpretación del delito de sedición, con el principio de proporcionalidad y derecho fundamental de la Carta de Derechos Fundamentales. O bien sobre la interpretación del delito de malversación que ha hecho el Supremo en el juicio del procés cuando la Administración afectada asegura que no se han comprometido fondos ni obligación financiera, la empresa con quien supuestamente se han comprometido los fondos asegura que no tiene ningún cobro pendientes y no se ha producido ningún perjuicio a la Administración.

Reiteración de la misma euroorden

Interroga también sobre la reiteración y reemisión de las euroórdenes contra una misma persona por los mismos hechos, sin que se produzca ninguna novedad. Pregunta además de qué manera tiene que actuar un Estado miembro de la Unión después de que un juez de esta Estado decide no ejecutar una euroorden en base a la existencia de razones serias y fundamentadas para creer que la persona reclamada correrá un riesgo real de ver violado un derecho fundamental en caso de ser entregada; y pregunta si esta orden se puede mantener ante la existencia de "razones seria y fundamentada para creer que la persona reclamada correrá un riesgo real que se viole algún derecho fundamental en caso de ser entregada.

Todos estos movimientos en la instrucción ante el TJUE se producen pocos días antes de que el pleno del Parlamento Europeo vote el suplicatorio para el levantamiento de la inmunidad de Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, después de que la semana pasada el Comité de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara aprobara el informe a favor.

 

En la imagen principal, Gonzalo Boye y Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo / ACN

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