La Fiscalía del Tribunal Supremo español ha dado luz verde al magistrado Pablo Llarena, que sigue siendo el instructor de la causa contra los exiliados en el Supremo, para llevar a la justicia belga en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber facilitado la extradición de los exiliados. Todo se da poco antes de que la justicia belga se tenga que pronunciar sobre la extradición del president en el exilio Carles Puigdemont si, finalmente, pierde la votación de su suplicatorio.

En un escrito remitido a Llarena este miércoles, la Fiscalía, da apoyo a la consulta que les hizo Llarena y critican duramente la interpretación belga de las euroórdenes contra los exiliados catalanes, según ha adelantado El Confidencial. Además, los fiscales españoles añaden que "es necesario y procedente" llevar a la justicia belga delante del TJUE.

En su escrito, la fiscalía, no solo se refiere al caso del president Puigdemont, sino que también indica su enfado por la no extradición del conseller Lluís Puig. Concretamente, el ministerio fiscal recuerda que Bélgica se negó a extraditar Puig al existir "un grave riesgo de violación de los derechos fundamentales", en lugar de negarse a extraditarlo porque "concurriera algunos de los motivos de denegación previstos".

 

Además, la fiscalía también recuerda que el tribunal belga se negó a entregar Puig porque el grave riesgo de vulneración de derechos fue concretado cuando el Supremo asumió la competencia "para conocer los delitos, y en que podía resultar vulnerada la presunción de inocencia". La sentencia belga también citaba las conclusiones del grupo de trabajo de las Naciones Unidas del 27 de mayo de 2019, que pedía la libertad de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y Oriol Junqueras.

Sugerencias de la Fiscalía en Llarena

El escrito de la Fiscalía del Supremo no solo avala llevar la justicia belga delante del TJUE, sino que sugiere a Llarena que pregunte al tribunal sobre varias cuestiones relacionadas con el caso. Por ejemplo, los fiscales españoles proponen al instructor que pregunte si "¿está autorizada la autoridad judicial del estado de ejecución a denegar la entrega del reclamado por la euroorden por razones diferentes de las recogidas?"

Además, asegura que el tribunal belga "se ha excedido al realizar una interpretación contraria a la jurisprudencia del TJUE, que atribuye en sus últimas sentencias la protección de los derechos fundamentales al juez de emisión." Eso, según la Fiscalía, teniendo en cuenta que todos los Estados miembros de la UE comparten los mismos valores y forman parte del mismo sistema judicial.

La Fiscalía también critica la sentencia belga que niega la extradición de Puig asegurando que no hay ningún análisis de supuestas vulneraciones de los derechos fundamentales del encausado y añade que "la posibilidad del examen para el juez de ejecución de la vulneración de los derechos fundamentales es excepcionalísima: cuando se trate de afectación a la integridad de las personas, como podría ser la situación de las prisiones".

La fiscalía también basa su aval a Llarena en el informe de un grupo de trabajo de la ONU en que se publicó hace casi dos años, justo cuando se acabó el juicio, que pedía al liberto de Cuixart, Sànchez y Junqueras. Concretamente, los fiscales consideran que es una improcedencia basar la sentencia de la extradición de Puig en las conclusiones de aquel informe y piden a Llarena que pregunte si un Estado puede no extraditar a una persona fundamentándose en las conclusiones de un grupo de trabajo "dónde se afirma, sin ninguna base objetiva, la existencia de riesgos de lesión de la presunción de inocencia" cuándo todavía no se ha celebrado el juicio en cuestión.

¿Qué planteó Llarena?

¿Qué planteó Llarena a la Fiscalía? Pues, concretamente, el instructor del caso contra Puigdemont y los exiliados, preguntó la opinión de la Fiscalía sobre si tenía que elevar una cuestión prejudicial al TJUE sobre el alcance de las euroórdenes de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, después de la negativa belga a extraditar Lluís Puig.

En una providencia, Llarena concedió tres días a la Fiscalía, a la acusación popular y a los abogados de las defensas para que formulen sus alegaciones a esta cuestión. Llarena pedía en las partes conocer su opinión antes de decidir si plantea esta cuestión prejudicial en el TJUE sobre el alcance y las razones de denegación de una euroorden con el fin de poder establecer criterios sobre si se tiene que mantener, retirar o emitir nuevas euroórdenes contra los exiliados.

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