Después de semanas de reuniones, govern y promotores de la ILP han llegado este miércoles a un principio de acuerdo sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía mínima, a la espera de que la comisión promotora de la ILP lo ratifique este jueves. Una vez aprobada, será una realidad a partir de este mes de septiembre, y se ha establecido en 664 euros, aunque este año sólo se abonarán 550, el 85% de esta cantidad.

El preacuerdo con los promotores de la ILP era el último escollo para que la renta mínima fuera una realidad, después de que el govern ya llegara anteriormente a un consenso con la Taula del Tercer Sector y los sindicatos.

Se pondrá en marcha en septiembre de 2017 con 550 euros al mes por persona, hasta llegar en abril del 2020 a los 664 euros por persona. Cuando se aplique al 100%, el máximo será de 1.200 euros al mes para familias de dos personas con tres hijos. Podrán acceder a ella las personas que no lleguen a los 664 euros al mes y se aplicará progresivamente.

A la nueva prestación también se podrán acoger las familias monoparentales con trabajos a tiempo parcial, pero que en cambio no lleguen a lo que marca la renta garantizada. Con el tiempo, también podrán acceder a ella el resto de familias, siempre que el máximo por familia, tenga los miembros que tenga, sea de 1.200 euros.

¿Qué es la RGC?

La Renta Garantizada de Ciudadanía es un derecho subjetivo que asegura los ingresos mínimos de las personas que se encuentran en situación de pobreza y que se ha establecido en 664 euros mensuales, aunque este año sólo se pagaría un 80%, mientras que actualmente el máximo por unidad familiar de la Renta Mínima de Inserción es de 650 euros.

El departamento y las entidades han acordado los requisitos para acceder a la futura renta, a la cual podrán optar personas mayores de 23 años con dos años de residencia en Catalunya, sin más propiedades que la primera residencia, y que lleven seis meses sin tener ingresos ni prestaciones.

El debate del RGC llegó al Parlament a través de una ILP en octubre del 2013, impulsada por un grupo promotor que reúne varias entidades sociales y que actualmente es quien negocia con el govern.

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