La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha presentado hoy su escrito de defensa en el Tribunal Supremo, que la juzgará por desobediencia al tribunal que juzgaba a los independentistas catalanes para no querer contestar las preguntas de VOX. En el escrito, su defensa indica que no ha cometido ningún delito y que se le han vulnerado sus derechos a tener el juez predeterminado por ley, a no ser sancionada dos veces y a su libertad ideológica y de expresión. Por todo eso, pide al tribunal, que si no acepta las cuestiones previas, que le habilite un traductor oficial porque declarará en catalán y que no la condene.
La fiscalía pide para la diputada anticapitalista seis meses de prisión y seis meses de inhabilitación a cargo público al considerar la autora de un delito de desobediencia ordinaria, que sí que comporta penas de prisión en contra de la desobediencia aplicada a funcionario público. La fiscalía indica que el 27 de febrero de 2019, Reguant cometió un delito de desobediencia porque no quiso contestar las preguntas del abogado de Vox. Para la defensa, ejercida por el abogado Daniel Amelang, expone que la diputada no se negó a responder al tribunal sino al representante "de un partido de ultraderecha y antifeminista", y que ejerció "una especie de objeción de conciencia" contra un partido "contrario a los derechos humanos".
Derechos vulnerados
En el escrito de defensa, Reguant expone que en este procedimiento se le han vulnerado tres derechos básicos. El primero de todos al juez predeterminado por la ley y solicita en el Supremo que devuelva la causa a la instrucción, pero en el alto tribunal y no en un juzgado de instrucción, ya que obtuvo el acta de diputada el 14 de febrero del 2021 y lo comunicó al juzgado el 10 de marzo del 2021 y los escritos de acusación se presentaron después. "El aforo es una obligación legal, no una prerrogativa del tribunal", sostiene la defensa. También precisa que no se la puede castigar dos veces por lo mismo y precisa que el tribunal la sancionó a pagar una multa de 2.500 euros, hecho que permite la Ley Orgánica del Poder Judicial de realizar en un tribunal cuando considere que "es una falta y no un delito".
Finalmente, la defensa indica que Reguant "nunca tuvo una actitud desafiante e irresponsable hacia el tribunal", sino que ejerció su derecho a la libertad de expresión y que le causaría "un perjuicio moral" tener que contestar una acusación popular, que expresó abiertamente que su presencia en el juicio contra los líderes catalanes era para promocionarse pública y políticamente. Además, la defensa expone que la pena que pide la fiscalía es "desproporcionada", ya que implicará perder el acta de diputada cuando en su declaración no lo era, y expone el caso y el agravio sufrido por el diputado en el Congreso de Podemos Alberto Rodríguez.
Reguant y Antonio Baños fueron dos de los testigos de la larga lista de personas citadas por la defensa del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. En la oposición de los dos a no contestar a Vox, el penalista Benet Salellas, del equipo de la defensa de Cuixart, pidió al presidente del tribunal Manuel Marchena que hiciera él directamente las preguntas. Se creó un malentendido y los dos fueron amonestados por el tribunal.
Foto principal: La diputada de la CUP Eulàlia Reguant en el Parlamento /Sergi Alcàzar