El conseller de Justícia y Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler y Parcerisas (Sant Quirze de Besora, 1963), hace un balance "positivo" del primer año de la participación de su partido, Units per Avançar, en el Govern socialista con el president Salvador Illa. Espadaler conoce bien la administración catalana: fue conseller de Medi Ambient (2001-2003) y conseller de Interior (2012-2015), con el gobierno de CiU y los presidents Jordi Pujol y Artur Mas. Atrás ha quedado Unió Democràtica de Catalunya, partido del que formaba parte y que fue disuelto por deudas por orden judicial, en marzo de 2017. Units per Avançar se ha presentado con las listas del PSC a las elecciones al Parlament de Catalunya de diciembre 2017, de 2021 y 2024, en las que Espadaler ha obtenido el acta de diputado y ahora una cartera destacada.
En esta entrevista con ElNacional.cat, el secretario general de Units per Avançar manifiesta que "muchos antiguos de Convergència i Unió han votado a Illa, están con el president." El conseller de Justicia habla del president Illa con admiración —"No pierde el tiempo", declara— y asegura que comparte con él el pensamiento "humanista cristiano". El conseller no esquiva ninguna pregunta de actualidad, como la resistencia del Tribunal Supremo a aplicar la ley de amnistía o el retorno del president en el exilio, Carles Puigdemont. También adelanta detalles del gran reto de transformación que ahora tienen que afrontar todos los juzgados en Catalunya y en el Estado español, además del reclamo de más recursos que hacen todos los operadores jurídicos. Espadaler ha abierto las puertas del Departament de par en par al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que en distintas visitas a Barcelona ha anunciado importantes cambios para la Administración de Justicia y para Catalunya, que arrastra un déficit inversor de hace muchos años.
Este agosto hará un año que Units per Avançar está en el Govern del PSC. ¿Qué balance hace?
Hacemos un balance muy positivo. De hecho, nuestra colaboración arranca a finales del año 2017, en un momento bastante complejo. Nos respetamos como formaciones políticas que no representemos exactamente lo mismo. A mí no me angustia decir que nosotros estamos a la derecha del Partit Socialista de Catalunya. Pero lo que valoro muy positivamente —ya lo hacía en la anterior legislatura pero particularmente en esta— es la manera como se puede trabajar en el Govern del president Illa.
A mí me gusta decir que con el president Illa hay mucho antiguo votante de lo que era la antigua Convergència i Unió, que se han identificado con él. Me los encuentro por la calle y me dicen: "oye os he votado, yo no soy socialista, pero he votado porque esta persona está por las cosas que nos preocupan". Le harían matices en un sentido o en otro, pero esta comodidad que expresan algunos ciudadanos yo la siento en el Govern porque tengo un margen amplio de trabajo. El president Illa es una persona que escucha, tremendamente ejecutiva y que sabe muy bien lo que quiere de cada conselleria. En nuestro caso, que el servicio público de justicia funcione, que no es poca cosa, que es un reto importante y por lo tanto estamos trabajando en esta dirección desde el minuto cero.
Me gusta decir que con el president Illa hay mucho antiguo votante de lo que era la antigua Convergència i Unió, que se han identificado (...). El president Illa es una persona que escucha
Hablando de posicionamientos, ahora hay un debate político, muchas veces encendido, sobre la inmigración y su control. ¿Tienen discrepancias en este tema entre Units per Avançar y el PSC?
No, no las tenemos, y particularmente en este tema creo que tenemos una visión muy similar. El president se define a sí mismo como socialdemócrata y humanista cristiano, yo me defino a mí mismo como democristiano o humanista cristiano. Aquí hay un punto de encuentro en muchas cosas. En la economía social de mercado ni él ni yo somos personas liberales en la visión económica, sino que tenemos una visión de tanto mercado como sea posible, pero también tanto Estado como haga falta, para de alguna manera corregir las disfunciones del mercado. En el plano sensible de la inmigración creo que tenemos una mirada muy similar, desde el punto de partida que no se puede perder nunca de vista que estamos hablando de personas.
Es la igualdad en la dignidad de todas las personas. Y a partir de aquí tenemos que mirar cómo se gestiona, cómo se establece el vínculo entre los derechos y las obligaciones, entre los derechos y los deberes. Este es un reto muy importante, no podemos perder nunca de vista que estamos hablando de personas, los inmigrantes, los menores, las personas que vienen y que tienen que ser tratadas como tal.
Catalunya parece ahora un oasis, en comparación con Madrid, con toda la crispación política, casos de corrupción, cloacas...
En cierta manera, está la sensación un poco de que aquella división profunda, aquel enfrentamiento profundo que había en Catalunya en los años 17, 18, 19, pues ahora, de alguna manera, ha cambiado de escenario y se ha trasladado a nivel del Congreso de los Diputados. Es bueno que aquí las relaciones se hayan normalizado, todavía queda por normalizar. El cumplimiento de la ley de la amnistía es el paso que en estos momentos queda para ir normalizando esta situación, que se ha adelantado pero todavía está por ver cómo evoluciona en el futuro. Y por el contrario, ves una política a nivel español tremendamente crispada, tremendamente de conmigo o contra mí, sin ningún tipo de intersección, y creo que eso no es bueno para la política, no es bueno para la ciudadanía, no es bueno para la convivencia. Y afortunadamente aquí en Catalunya creo que tiene mucho que ver con ello la figura del president Illa, que es una persona que escucha, dialoga, preocupada por ponerse a trabajar, no por el reproche y que rara vez lo he visto entrar mucho en la confrontación, y menos cuando esta es gratuita.
Ciertamente, se ha cumplido un año de la entrada en vigor de la ley de amnistía y el Tribunal Supremo no la quiere aplicar al president en el exilio, Carles Puigdemont, al presidente de ERC, Oriol Junqueres, y los exconseller Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva. ¿Qué opina de ello?
Nuestra posición como Govern, y también le hablo de la mía en particular, como miembro de este Govern y como miembro de Units per Avançar, es que las leyes están para cumplirlas. Hace un año tuvimos un debate profundo sobre la constitucionalidad o no de la ley de amnistía. Ahora, de lo que sabemos del borrador de la sentencia del Tribunal Constitucional es que todo apunta a que la constitucionalidad quedará avalada. Por lo tanto, tendremos una ley democrática, votada por la mayoría del Parlamento español. Tendremos una ley que habrá pasado el filtro de la Constitucionalidad. ¿Qué falta? Darle cumplimiento. Y esta es la posición que defendemos como Govern. Respetamos, evidentemente, las sentencias, lo hemos hecho siempre y lo haremos siempre. No puede ser de otra manera.
También pedimos a los tribunales que respeten la voluntad del legislador y el marco legal y democrático que nos hemos dado de una manera democrática y que, además, ha sido avalada en este caso por el Constitucional. Por lo tanto, deseamos que el sentido del Constitucional sea lo que se está diciendo, que es la constitucionalidad de este texto legal, y que por lo tanto se aplique sin dilaciones para cumplir una cuestión que es importante también, que es la voluntad del legislador, que queda muy explicitada en el mismo preámbulo de esta ley y que contribuirá, sin duda, a normalizar la situación del país y sobre todo a mirar hacia adelante, que creo que es muy importante.
Pedimos a los tribunales que respeten la voluntad del legislador y el marco legal y democrático (...) Esta ley contribuirá, sin duda, a normalizar la situación del país y sobre todo a mirar hacia adelante
En este borrador, el Constitucional no habla del delito de malversación. ¿Y si el Supremo mantiene su negativa, al final el Gobierno tendrá que conceder un indulto a Puigdemont y nuevamente al resto de exconsellers ya condenados?
La primera opción que hubo fue la de los indultos, y quitó mucha razón a gente que casi parecía que querían que continuara esta división profunda del procés. Por lo tanto, fue un primer paso positivo y creo que ahora se tendría que resolver todo con la ley de amnistía. Esta es mi opinión.
Primero, tenemos que ver qué dice el Constitucional, y después cuál es la aplicación que se hace de ella. Son puertas que no se tienen que cerrar, pero me parece que cada cosa tiene que ir a su tiempo y no estamos ni de lejos aquí. A mí lo que me gustaría es que se aplicara la ley de amnistía y que aquí quedara ya resuelto este capítulo que es doloroso para muchas personas. El retorno de Puigdemont a Catalunya contribuiría a situar las cosas, a normalizarlas, y a situar los debates allí de donde nunca tendrían que haber salido, el ámbito de la política, el ámbito parlamentario, no el ámbito de los tribunales.
Desgraciadamente, casi toda la política primordial continúa en los tribunales. Ahora, el Supremo ha confirmado que los murales de Sijena, que están en el Museu Nacional de Art de Catalunya (MNAC) se tienen que devolver al monasterio, a Aragón. ¿Qué hará el Govern ahora?
Nosotros, como Govern, estamos para dar cumplimiento a las sentencias, pero también decimos con esta misma firmeza que esta sentencia es de aplicación difícil. Porque hay un componente que se escapa del criterio político y yo me atrevería a decir incluso del judicial, el preservar la integridad de estas obras de arte. Sería paradójico que el hecho de dar cumplimiento a la sentencia acabe derivando en que se ha estropeado un patrimonio. Por tanto, lo que hemos dicho como Govern es que sean los técnicos del Museu Nacional d'Art de Catalunya, que no están dotados de una orientación política sino exclusivamente técnica, los que valoren si esta sentencia se puede cumplir sin estropear las obras y, por tanto, estamos en esta fase.
Sería paradójico que el hecho de dar cumplimiento a la sentencia de Sijena acabe derivando en que se ha estropeado un patrimonio
Si no piden que se detenga la ejecución de la sentencia, ¿la Guardia Civil podría entrar en el MNAC para coger los murales, como ya hizo con las obras del Museo de Lleida, en el 2017?
Fue una imagen tremendamente dolorosa para mucha gente de Lleida y para los de fuera de Lleida. Me parece que es una imagen a no repetir, creo que este no es el camino. Ahora, insisto, con la misma firmeza que decimos: "las sentencias se tienen que acatar y se les tiene que dar cumplimiento", también tenemos la obligación, y no solo política, sino moral, de decir: "escucha, lo que no puede ser es que la consecuencia de eso sea estropear un patrimonio que mira lo que ha costado preservarlo"'.
Por contra, hay otro ámbito donde se pide la intervención de la justicia, que es el caso de los menores vulnerables y desprotegidos. La Abogacía Catalana y la síndica de greuges apuestan por que cuando un menor tenga que ser separado de la familia, siempre se haga bajo el control de un juez, no administrativamente, como se hace ahora.
Retirar la patria potestad de un bebé, de un menor de su familia es una decisión tremendamente seria. Es verdad que ahora, porque la ley lo contempla así, y no solo la legislación catalana sino a nivel español, eso puede ser hecho desde la perspectiva de la administración. Desde el Departament de Justícia y Qualitat Democràtica se está trabajando, a través del Centre d'Estudis Jurídics y Formación especialitzada (CEJFE), con estudios de derecho comparado porque así nos lo ha pedido el Departament de Drets Socials, con la refundación de la DGAIA, de cómo se tendría que actuar.
Nos lo pide el president Illa y, como decimos tantas veces en el ámbito judicial, se tiene que poner a la víctima, el más débil, el más vulnerable, en el centro. Y por tanto lo que estamos mirando incluso son otras legislaciones para aportar conocimiento para poder ir tomando las decisiones que nos tocará tomar. El conjunto del Govern apuesta por aportar una cierta luz e informaciones, que permitan contrastar para mejorar las cosas.
En el caso de la refundación de la DGAIA, estamos mirando incluso otras legislaciones para aportar conocimiento para poder ir tomando decisiones
Con respecto al Departament de Justícia, ahora tiene que lidiar una reforma importante con la nueva ley del Servicio de eficiencia judicial. Uno de los cambios es que los juzgados unipersonales pasan a llamarse tribunales de instancia, y se unifican plantillas. Este julio ya se tienen que transformar 33 de los 59 partidos judiciales que hay en Catalunya. ¿Cómo lo encaran?
Es un reto bonito y profundo al mismo tiempo. Me considero afortunado por el momento que nos toca de cambio. Fíjese, nos hemos pasado años y años, todos, casi sin excepción, diciendo: "la justicia es lenta, no funciona, se tiene que sacudir, se tienen que cambiar las cosas". Ahora, tenemos una ley que nos permite cambiar eso, una ley que dice muchas cosas.
La ley 1/2025, de eficiencia del servicio público de justicia, es compleja y dice: "escuche, en vez de seguir trabajando en unas islas, en compartimentos estancos, donde hay un juez, un letrado de la administración y unos funcionarios al servicio de este juez, y al lado otro juzgado y otro, ahora creemos los Tribunales de Instancia", donde habrá diferentes secciones y diferentes jueces, y las oficinas judiciales, donde estarán el conjunto de letrados de la administración de justicia y de funcionarios, en este caso de la Generalitat, al servicio de la justicia.
Con esto — dice el legislador, y nosotros creemos que es así— tendríamos que ganar eficiencia, porque podemos redistribuir las cargas de manera diferente, podemos ganar eficiencia. Por un lado, impulsamos esta ley, y nos gusta utilizar la expresión que somos punta de lanza en la aplicación de esta ley, como territorio. Y, además, le hemos dicho al Ministerio y lo han entendido y hemos acordado, que con la ley no es suficiente, que necesitamos más manos, necesitamos más juezas y jueces para situarnos en la media española de jueces por cada 100.000 habitantes. Eso se traduce en una setentena más o menos de jueces entre los años 2025, 2026 y 2027, en Barcelona y más allá de Barcelona, en el conjunto del territorio y no solo en el ámbito penal, que es lo que hemos atendido en el primer plano de choque contra la multirencidència, que son los juzgados de lo penal, sino en todos los otros ámbitos también, en el mercantil en el civil, en todas las jurisdicciones.
Le hemos dicho al Ministerio que con la ley 1/2025 no es suficiente, que necesitamos más manos (...). Eso se traduce en una setentena más de jueces entre los años 2025, 2026 y 2027
Estamos desplegando esta ley de una manera en la que yo me siento cómodo trabajando, alineándonos. Fíjese en que la justicia es un servicio público, sí, pero no es un servicio público al uso. La Justicia, a diferencia de la Educación, a diferencia de la Salud, depende de otro poder del Estado. Por lo tanto, aquí, de entrada estamos interlocutando entre dos. Cumplimos un mandato del legislativo que lo ejecutamos desde el ejecutivo pero lo tenemos que hacer de acuerdo con el judicial. Por lo tanto, aquí hay una complejidad. Complejidad entre administraciones. Nosotros somos competentes pero una parte de las competencias, lo que dicta que haya más jueces y juezas, depende del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, alineados con el ministro Bolaños.
Y, además, nos tenemos que alinear con los diferentes operadores, colegios, básicamente de abogacía, procuradores y graduados sociales y con la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Y para hacer eso hemos remasterizado -es una expresión un poco exótica, si usted quiere- un órgano preexistente que es de gran valor para nosotros, que es el Observatori Català de la Justícia. ¿Qué es? Es una mesa donde está el Poder Judicial, la sala de gobierno del TSJC, la Fiscalía, la academia, los colegios profesionales, la administración de la Generalitat. Y cuando digo remasterizado es que hemos puesto dos sillas más: una para el Ministerio de Justicia, que es importante a la hora de tomar decisiones, y otra para el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano también relevante porque es a la cual acaba de alguna manera centrando los temas en el ámbito de Justicia.
Por lo tanto, somos respetuosos con las diferentes competencias que tiene cada uno, pero trabajando alineados. Es muy enriquecedor este proceso porque si estamos atentos a lo que nos dice la sala de gobierno del TSJC, a lo que nos dicen los letrados de la administración de justicia, a lo que nos dicen los jueces, juezas y los fiscales, la abogacía... pues podemos ir ajustando y haciendo entrar ordenadamente esta ley que es un auténtico cambio de paradigma, de situarnos en el siglo XXI de alguna manera por fin.
Hemos remasterizado el Observatori Català de la Justícia i hemos puesto dos sillas más: una para el Ministerio de Justicia y otra para el Consejo General del Poder Judicial, y todos trabajamos alineados
Ciertamente, tienen buena sintonía con todos los operadores jurídicos. Sin embargo, la nueva presidenta del TSJC, Mercè Caso, y la Abogacía Catalana, insisten que para hacer efectivo esta ley hacen falta recursos, económicos y de personal. ¿Además de los 70 nuevos jueces, qué inversión más se hará en los juzgados?
Cuando hablamos de Justicia y queremos más eficiencia hablamos básicamente de dos cosas: de los recursos humanos y de los recursos materiales. Hay recursos materiales a mejorar, como los juzgados de Mataró, los de Sant Feliu de Llobregat, los de Martorell y otros, porque hay muchos deberes pendientes por hacer. También está todo el tema más logístico de la conectividad, de la informática, de las videoconferencias, de la interoperatividad entre los diferentes ámbitos. Y después está todo el capítulo de los recursos humanos. ¿Por lo tanto, qué estamos haciendo? Estamos invirtiendo, dando continuidad a un plan de gobierno que heredamos, pero que no lo paramos que daremos continuidad, y empezamos a pensar ya en un próximo plan de inversiones en el ámbito judicial y también de prisiones, porque también es competencia nuestra, y en recursos humanos que hemos empezado.
Hemos pedido al Ministerio de Justicia más jueces porque los necesitamos y pondremos a más funcionarios. Cada semana, llevo los ajustes de plantillas para hacer las oficinas judiciales en esta primera serie de los 33 partidos judiciales, que entrarán en vigor en julio.
¿Han calculado cuántos fucionaris hacen falta en los juzgados de Catalunya para aplicar la ley 1/2025?
El global para desplegar no lo tenemos todavía, porque lo estamos tratando con la sala de gobierno del TSJC, con los letrados de la administración. Por ejemplo, hemos hablado de las necesidades que los juzgados de violencia contra las mujeres, probablemente requieren un número mayor de funcionarios. Estamos escuchando las demandas y tratando de atenderlas. Soy conscientes de que hay una crítica que no hay dotación presupuestaria. En el nuevo decreto que el Govern, que el Parlament esperamos que pueda validar mañana (por el martes), hay una parte de recursos que van a la justicia gratuïda, del turno de oficio.
¿Y la inversión para transformar los juzgados catalanes en tribunales de instancia?
El impacto presupostario de esta ley este año es relativamente pequeño y asumible con los recursos de los que disponemos. Una parte de los cambios entra en vigor este julio; luego en octubre y el 31 de diciembre. Por lo tanto, tiene impacto cero. Es el caso de Barcelona, de Tarragona, donde los tribunales de instancia entran en funcionamiento y en servicio a final de año, y el impacto es sobre el presupuesto de 2026. Por lo tanto, esperamos que de aquí allí tengamos identificado los crecimientos presupuestarios que tenemos que hacer.
A mí me preocupa más la capacidad, que es limitada, que tenemos de estabilizar las plantillas tanto de funcionarios como de jueces y juezas como de fiscales en los puestos de trabajo que poder atender presupuestariamente. Ya nos pelearemos con Economía, en el mejor sentido de la palabra, pero creo que los datos que llevaremos serán entendidos como hasta ahora nos ha entendido desde d'Economia.No es un tema nada menor, pero sé que lo gestionaremos con complicidades y que tendremos en el presupuesto para el año que viene las partidas suficientes para atender este despliegue de ley, que evidentemente tendrá un impacto y también generará un ahorro con la mayor eficiencia.
El impacto presupostario de esta ley este año es relativamente pequeño y asumible (...) Lo que me preocupa más es la capacidad, que es limitada, que tenemos de estabilizar las plantillas tanto de funcionarios como de jueces y fiscales
¿Sin presupuestos, las inversiones que necesiten lo harán con suplementos de crédito?
Lo hemos hecho en parte por suplementos de crédito. También trabajamos con fondos europeos el tema de la interoperatividad entre juzgados. Hay una inversión de unos 40 millones de euros en todo este ámbito que se está desarrollando para poder ir avanzando en una cosa que no tendría que ser una utopía, que es el papel cero en el ámbito de justicia, que en algunas jurisdicciones eso ya está muy adelantado y muy establecido, y en otros, es el caso del ámbito penal, todavía hay papel.
¿Cuando se le podrá decir al ciudadano que la Administración de Justicia ya es un sistema eficiente? ¿Que la solución de su pleito no tardará años, como ahora?
Soy muy prudente en este sentido. Lo que digo ahora es que tenemos una oportunidad única con una nueva ley, que tenemos factores muy positivos que nos permiten aprovechar esta oportunidad que nos da la ley que es que nos hemos alineado razonablemente con la presidenta del TSJC, Mercè Caso, con su sala de gobierno, con la administración de justicia a nivel de España, por lo tanto tenemos oportunidades. Lo que estamos es intentando arreglar un mal funcionamiento de la justicia, que es endémico. Ahora, milagros no haremos.
Conseller, lo vemos que recorre el país y visita los diferentes partidos judiciales. Los juzgados de Martorell sufren una degradación de hace años, con salas apuntaladas y que tienen filtraciones de las cañerías de los lavabos. ¿Hay alguna actuación prevista de forma urgente en estos juzgados?
Sí, los juzgados de Martorell están en la peor posición de Catalunya porque realmente caen a trozos. Ahora, afortunadamente, ya se han adjudicado las obras. Con un horizonte de tiempo se incrementará la superficie, los 7 juzgados estarán todos en el mismo lugar, tendremos 7.300 metros cuadrados, estamos hablando de 21 millones de euros de inversión y, por lo tanto, ya tenemos un horizonte conocido para Martorell. Lo que pasa es que necesitamos un par de años para hacer toda esta acción y para equiparla, es la obra civil y es dotarla.
El país ha sufrido muchas circunstancias, momentos con ajustes económicos ,de recortes, que se han tenido que paralizar infraestructuras. Ahora estamos en un momento que tenemos capacidad inversora. Estamos en un momento que el president nos pide que el servicio público de Justicia -eso era la carta de admisión que me hizo la primera semana (rie)- pues sea percibido por la ciudadanía de una manera equilibrada con los impuestos que paga. Es decir, la gente paga impuestos, por lo tanto tiene derecho que los servicios públicos, también el de justicia, sea eficiente. Eso quiere decir que seamos capaces de mejorar las infraestructuras y de mejorar los recursos humanos que tenemos a disposición. En el bien entendido que el tema de los recursos humanos, no es tan fácil de la noche del día hacer jueces. Requiere pericia, requiere conocimiento, y de aquí también que hemos hecho una línea de becas para nuevos jueces y fiscales.
Catalunya no tiene una tradición opositora en los grandes cuerpos del Estado, ni en la Judicatura ni eb la Fiscalía, ni en los letrados de Justicia, y hemos hecho becas en este sentido ni en el cuerpo diplomático. Creemos que es bueno crear esta cultura, porque es bueno para el país, porque estabiliza mejor las plantillas, es mejor también para la lengua porque que tener jueces de aquí todo es más fácil.
Sí, los juzgados de Martorell están en la peor posición de Catalunya porque realmente caen a trozos. Ahora, afortunadamente, ya se han adjudicado las obras
El uso del catalán en la Adminstració de Justícia también es uno de los temas históricos pendientes. Recientemente, hicieron un acuerdo con los operadores jurídicos para aumentar el uso de la lengua catalana en los juzgados y respetar la lengua propia de los ciudadanos. ¿Diga una medida que funcionará?
El momento más álgido del uso del catalán en la justicia fue el año 2000, que había en torno a un 20% de sentencias escritas en catalán. El año pasado lo cerramos por debajo del 7%, o sea, ha habido una caída continuada. Lo incorporamos en el Pacto Nacional por la Lengua y pusimos aquellas medidas que nos tocan en el ámbito de la justicia y en el ámbito de prisiones, que también ha recorrido.
Y en el ámbito de la justicia, por ejemplo las becas son una concreción de intentar tener más jueces de aquí que conozcan también el derecho civil catalán, que es otro elemento. ¡Fíjese! El derecho civil y la lengua son dos cuestiones que nos identifican como nación y que nos dan un perfil propio y, por lo tanto, tenemos que cuidarlos. Y en las becas y en la formación de los jueces es importante que las dos estén presentes. En los convenios que hemos hecho, hemos incrementado la dotación, y todavía tenemos recorrido de futuro, soy consciente, con la justicia gratuita, incentivamos también el inicio de los procedimientos en catalán. Y, ahora estamos estudiando poder extrapolar este incentivo económico al resto que inician los procedimientos en catalán, si así se lo piden, evidentemente, las personas en las qual defienden. Estamos utilizando también todo el tema de la traducción, sobre todo de jurisprudencia. Ha de ser una traducción canónica, y usamos herraientas de calidad, como la inteligencia artificial.
El derecho civil y la lengua son dos cuestiones que nos identifican como nación y que nos dan un perfil propio, por lo tanto, tenemos que cuidarlos
Por lo tanto, hay muchas medidas posibles y de sensibilización. A mí me gusta decir, y lo digo en todos los auditorios también cuándo tenemos oportunidad de dar la bienvenida a nuevos jueces, a nuevos fiscales, notarios, a nuevas profesiones del derecho, que es que hablar en catalán y ser atendido en catalán en el ámbito de la justicia no es un capricho, es un derecho. Ahora, estamos lejos del cumplimiento de este derecho y lo que no puede ser y lo que no es de recibo es que alguien tenga que cambiar la lengua, se tenga que expresar en castellano, por miedo a que lo pueda perjudicar una sentencia si no se ha hecho con su lengua. Y estos son tabúes que tenemos que romper. Tenemos que poner herramientas y tenemos que sensibilizar.
Una figura clave en Catalunya son los jueces de paz. Por un error de tramitación de la ley de eficiencia judicial, el Gobierno los olvidó de mantenerles la habilitación para que puedan celebrar bodas; ahora ya hace dos meses. ¿Cuándo podrán volver a casar?
La ley de eficiencia es una ley compleja, que en su momento en el trámite parlamentario la misma figura de los jueces de paz un poco más y acaba desapareciendo. La figura de los jueces de paz en Catalunya es muy apreciada, más apreciada, mejor vista por la ciudadanía de lo que lo es probablemente en otras latitudes. Y esta es la razón por la cual se dudó si se mantenía o no esta figura.
Afortunadamente se mantiene y, por lo tanto, a partir de esta certeza, nosotros lo que hemos hecho es hacer un plan de justicia de paz, que quiere decir desde identificar los espacios para mejorarlos, juntarlos y dotarlos como oficinas técnicas de apoyo a los jueces y juezas. Hay 898 jueces o jueza de paz en los municipios que no tienen juzgados ordinarios en Catalunya. En breve, presentaremos este plan en el Palau de la Generalitat, con el president Illa. Después iremos hacer la formación, y no se trata de hacer venir ta odos los jueces y juezas a Barcelona, sino de ir a los diferentes territorios, a Tarragona, al Ebro, al Pirineo, a Lleida, a Girona, a la Catalunya Central, para explicar y para hacer esta formación. También incentivamos la agrupación porque les podremos dar un mejor apoyo, poniéndoles técnicos de la administración y preservando la figura, que es validada por el TSJC.
Paralelamente, hay una cosa que solo puede resolver el Congreso de los Diputados, que es devolver a los jueces de paz la potestad de poder casar. La piden ellos, la piden todos los alcaldes y alcaldesas porque han tenido un incremento de la demanda. Se tiene que hacer una modificación legislativa, y el Ministerio de Justicia tiene muy claro que esta reforma la quiere hacer. Los grupos parlamentarios que dieron este apoyo a la ley, también. Fue el 80% del Parlament de Catalunya, porque le dieron apoyo el Partido Socialista, Junts, Esquerra Republicana y los comuns. Y el legislador ha de arregarlo y hacer esta enmienda. Es una disfunción que creo que no se dilatará mucho en el tiempo.
El Congreso de los Diputados es el que puede resolver de devolver a los jueces de paz la potestad de poder casar (...) Es una disfunción que creo que no se dilatará mucho en el tiempo
En el ámbito de los centros penitenciarios catalanes, actualmente hay unos 8.900 reclusos, la mayoría son extranjeros, todo y que en unas 300 personas de diferencia. ¿Qué lectura hace?
Sí, esta es una realidad que tenemos en prisión preventiva o ya sentenciados. Es una realidad sociológica que nosotros tenemos que gestionar. En el ámbito de prisiones hemos hecho diferentes iniciativas. Por un lado, hicimos una circular que trajo un cierto revuelo. Quiero recordar que veníamos del asesinato de la cocinera de Mas Enric y que preocupó a muchos servidores públicos. Y así lo entiendo y lo comparto. Hicimos una circular que decíamos: 'aquellas personas que han sido penadas por el uso de un arma blanca pues que en su trabajo penitenciario, el que tiene derecho, nosotros tenemos que preservar que no estén en lugares donde tengan acceso a armas blancas', que eso quiere decir ni en las cocinas ni determinados talleres, pero busquémoslos un trabajo alternativo.
El trabajo en la prisión son muchas cosas. Es llenar el tiempo, es dar una formación, es permitir tener unos mínimos recursos propios o para transmitir a la familia, es dar estabilidad, es dar oportunidades si tú aprendes un oficio al salir en la calle. El objetivo último de la prisión ciertamente es cumplir la pena, pero sobre todo es la reinserción, y este no lo podemos perder nunca. Por lo tanto, hicimos esta circular, que fue opinada en diferentes voces, pero que hemos aguantado y creo que lo hemos aplicado bien en este sentido.
Aparte, hemos tomado otra determinación que lo hemos pedido al grupo parlamentario en este caso Socialistas Units per Avançar de legislar en otro ámbito que es reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. Condición que, quiero recordar, que tienen los vigilantes de las zonas de aparcamiento, los maestros cuando están en ejercicio, los bomberos, los vigilantes de transporte público. Otorgarla es dar una mayor protección jurídica a los servidores de prisiones. Y también garantizar aquello que merece cualquiera interna o interno, que es este buen clima en las prisiones y sobre todo que pueda tener opciones de formarse y de reinserción de futuro. Este es un reto muy potente, humanamente, socialmente y democráticamente.
¿Continúa la tensión y las agresions a funcionarios en las prisiones, como denuncian a algunos sindicatos?
Es verdad que veníamos de un tiempo en que continuadamente los últimos años habían crecido las agresiones a funcionarios, a servidores públicos, tan verdad como este último año han ido bajando. Pero no estamos en el punto de partida, por lo tanto, tenemos recorrido evidentemente de mejora. Nuestra respuesta a eso es, sobre todo, la formación, es dar herramientas como agente de autoridad, pero es también la formación inicial y continuada en los servidores públicos que hacen el trabajo en las prisiones.
Por lo tanto, vamos paso a paso, y seguramente en el camino como en la justicia puede ser que nos equivocamos en toma de decisiones, pero vamos en una dirección muy bien fijada que es la de mejorar este clima en las prisiones.
Vamos en una dirección muy bien fijada que es de mejorar este clima en las prisiones
¿Conseller, quiere añadir alguna cosa más?
En el Departament, tenemos otro sector, que es el de Asuntos religiosos. Es una dirección general muy interesante. Le confieso, porque lo he dicho a veces privadamente, pero cuando el president Illa me propuso ir a Justicia le dije: 'ostras, te lo agradezco mucho, me motiva, me gusta. Y le solicité que la Dirección General de Asuntos Religiosos volviera al perímetro de lo que era el Departament de Justicia porque es un tema que me interesa, soy sensible.
La dirección general está haciendo muy buen trabajo, por ejemplo de mediación entre ayuntamientos y diferentes comunidades por la interrelación de centros de culto que a veces generan conflicto. También está haciendo un buen trabajo estableciendo criterios y mejorándolos y homogeneizándolos de la asistencia religiosa a los centros hospitalarios con cualquiera de las creencias que tenemos en nuestra casa o en los ámbitos penitenciarios. Y estamos haciendo todo este trabajo de conocimiento de una diversidad que se da en nuestra casa, que es la diversidad religiosa. Venimos de una cultura mayoritariamente católica casi monolítica y estamos en una sociedad en la que tenemos hasta 17 religiones diferentes. Son cultos que tienen templos y espacios religiosos en nuestra casa, por lo tanto, una multiplicidad. Después de la católica que es la que tiene más, en Catalunya hay unos 7.500 centros religiosos, 5.300 de los cuales son católicos y después, ya a bastante distancia vienen los evangélicos, después el islam y otras confesiones. Es una realidad y lo abordamos desde el respeto por la laicidad positiva, que es el respeto por la creencia que aporta valores positivos a la sociedad. El derecho a la libertad religiosa es un derecho fundamental.
En este vídeo, podéis escuchar la entrevista completa.