Los medios de comunicación en Catalunya se han hecho eco del Informe Fènix, un documento elaborado por el equipo de economistas Xavier Cuadras, Miquel Puig y yo mismo, asesorados por el equipo también de economistas formado por Jordi Galí, Guillem López Casasnovas y Jaume Ventura, todos ellos coordinados por el ingeniero Xavier Roig. En síntesis, el trabajo pone en alerta que el modelo económico que Catalunya está aplicando aporta crecimiento y gran creación de puestos de trabajo, pero, con tantas actividades de baja productividad, el país no progresa. Aunque el pastel se hace grande, lo que le toca a cada uno pierde posiciones respecto a nuestros vecinos.
Este diario ha hecho una buena cobertura de la presentación y del contenido del Informe a través de los artículos del periodista Xavier Alegret en ON ECONOMIA (artículo), del presidente de la Comissió d’Economia Catalana del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Josep Reyner (artículo), y del periodista e historiador Jaume Clotet (artículo). Con la suma de los tres, el lector de este diario tiene a su disposición una disección clara y fiel del trabajo, de manera que, en cuanto a contenido e interpretación, personalmente puedo añadir pocas cosas. Los interesados en más detalles pueden consultar directamente el trabajo y descargarlo, sin coste, desde aquí. (Añadiré que, a nivel personal, el informe es un paso más en la diagnosis y prognosis que hice de la situación económica en Catalunya en el libro Créixer o progressar. Catalunya davant del mirall, publicado en octubre de 2025.)
Aunque, por su claridad de datos y de análisis, el Informe Fènix ha pisado algunos callos (hay periodistas que dicen que no ha gustado a nadie, ni a los políticos ni a los empresarios), no conozco voces disonantes autorizadas en cuanto al diagnóstico de la situación: hay una alta coincidencia en que no tenemos la economía bien enfocada de cara al futuro. Otra cosa diferente es la prognosis, el tratamiento que necesita el paciente, y aquí las voces sí son más disonantes respecto a algunas propuestas disruptivas por nuestra parte. En cualquier caso, más allá de eso, tener una diagnosis elaborada motu proprio por un grupo de economistas sin ninguna servidumbre a grupos de interés, sin más obediencia que el rigor técnico y el aprecio por el país, la aportación de su visión desacomplejada y transparente puede ser útil a todo aquel a quien le pueda interesar.
Recomiendo la lectura del Informe, o como mínimo de su resumen ejecutivo (en tres páginas), a todos los lectores, porque están afectados por el modelo de crecimiento que hemos tenido hasta ahora, pertenezcan al grupo que pertenezcan, de los que siguen.
La ciudadanía debería pronunciarse sobre si acepta estas disfunciones con relación a los impuestos y las cotizaciones que paga
Un primer grupo, pasivo, es el ciudadano normal y corriente. La renta por habitante, que a principios de siglo era un 6% superior a la media europea, es a estas alturas un 6% inferior. El gran crecimiento demográfico ha cogido a las administraciones poco o nada preparadas para responder con servicios sanitarios suficientes y de calidad, con servicios educativos que están desbordados cuantitativa y cualitativamente, también desbordado el mercado de la vivienda, la protección social, la disponibilidad de recursos, etcétera. Es cierto que tener un déficit fiscal tan grande como el que tiene Catalunya con el Estado no ha ayudado en absoluto a afrontar el reto de dimensionar los servicios y dedicar recursos a actividades que mejorarían la productividad, pero la ciudadanía debería pronunciarse sobre si acepta estas disfunciones con relación a los impuestos y las cotizaciones que paga.
El segundo grupo que debería decir la suya es el sector empresarial, el motor principal del crecimiento de la economía. Motivado por la obtención de beneficios y de hacer crecer el valor de sus empresas, el empresariado, como no puede ser de otra manera, hace todo aquello que está permitido o no está prohibido por las diferentes normativas que afectan la actividad productiva (laborales, medioambientales, territoriales, fiscales, de seguridad, sanitarias, etcétera). Es normal que el empresario siempre pida que le pongan las cosas fáciles: estabilidad en el orden vigente, seguridad jurídica, normativas favorables, infraestructuras suficientes y de calidad, acompañamiento a la actividad empresarial, fiscalidad favorable, políticas de inmigración, etcétera. Por cierto, los sindicatos también tienen su papel, aunque menor, en todo esto. La interpelación, en este caso, se refiere a si los agentes sociales creen que el modelo vigente es el mejor para la sociedad catalana actual y para la de nuestros hijos y nietos, teniendo en cuenta que, si bien el empresariado es un sujeto activo en el modelo económico catalán, a la vez es un sujeto pasivo, porque debe cumplir un amplísimo cuerpo normativo de las administraciones que en teoría velan por el interés general y por el progreso.
Las administraciones públicas (Estado, Generalitat, ayuntamientos) son el tercer grupo interpelado por el actual modelo económico catalán. Cabe recordar que actúan bajo el mandato del poder político surgido de las diferentes elecciones. Los marcos competenciales son diversos, con el Estado español como poder máximo en todos los sentidos (normativa laboral, fiscalidad, mercado de trabajo, normativa medioambiental, gestión de la inmigración…). Sin embargo, con menores poderes —pero en ningún caso despreciables— tenemos la Generalitat y los ayuntamientos. La primera tiene capacidad normativa sobre la fiscalidad del trabajo y del capital, tiene competencias en políticas de empleo, en políticas sociales, de servicios públicos y un largo etcétera. Los ayuntamientos catalanes también pueden intervenir en su ámbito sobre el modelo productivo y el modelo de sociedad a la que aspiran. En cualquier caso, la intervención del poder político propio con medios propios debe complementarse necesariamente con una aplicación orientada hacia el poder político radicado en Madrid para que actúe, por ejemplo, sobre sectores subvencionados (véase el Informe), déficits en infraestructuras básicas, salarios mínimos, normativas fiscales, entre otros. En el País Vasco, como he dicho en muchas ocasiones, todo esto lo hacen mucho mejor que los catalanes.
Ante los datos que pone sobre la mesa el Informe Fènix, tanto la sociedad como el empresariado, los sindicatos y las administraciones públicas deberían sentirse interpelados respecto a la mala orientación que tiene la economía catalana actual y tomar conciencia de que no es tan importante que la economía crezca como que las personas y nuestra sociedad progresen. Y hacer, para ello, todo lo que esté en sus manos. Esto sería un primer paso hacia el progreso.