"El politiqueo nunca tiene que ser más importante que la política" avisaban fuentes de la Moncloa este miércoles en los pasillos del Congreso. El clima de tensión hacía horas escalaba entre el Partido Popular y Ciudadanos, después de que Albert Rivera anunciara que el acuerdo de investidura colgaba de un hilo. "Se agota la paciencia" avisó el líder naranja, en alusión a un pacto "congelado" en su cumplimiento. Pero el equipo de Mariano Rajoy lo observaba desafiante, como quien nada teme, o guarda un as en la manga. "Tiene 36'5 de temperatura" ironizaban fuentes del PP.

El hecho es que la formación naranja mantiene la amenaza de no aprobar a Rajoy los presupuestos de 2018, tras no lograr que la senadora popular imputada Pilar Barreiro renuncie al escaño. Eso abriría la puerta a gobernar con decretos-ley hasta agotar la legislatura, según fuentes de Hacienda. En el Ejecutivo ya tratan de restar hierro al asunto y justifican que sería "obsoleto" pensar en la necesidad de cuentas fijas porque "la Unión Europea exige sólo el techo de gasto y el déficit", donde tendrían apoyo del PSOE, y segundo, porque las cuentas de 2017 "no son antiguas" y servirían.

La cuestión es que los populares se han cansado de que Rivera hurgue en la llaga de la corrupción, ahora que las encuestas pronostican la pujanza de Cs. Por eso, el PP dio un puñetazo en la mesa el martes e instó al líder catalán a "dimitir", después de que el Tribunal de Cuentas no diera el visto bueno a su contabilidad de 2015. El portavoz de Cs José Manuel Villegas denunció que una formación con "900 imputados por corrupción" intentara "ensuciar" la imagen de la suya, e incluso, se dijo "tranquilo" por la comisión sobre financiación que este jueves retoma los trabajos sobre Cs en el Senado.

El Ejecutivo podría gobernar con decretos-ley si el Congreso no aprueba los presupuestos del 2018 y el 2019

Así las cosas, en Génova el malestar también es creciente porque creen que su socio de investidura ha virado hacia "líder de la oposición", en palabras del coordinador general Fernando Martínez Maíllo –algo que fuentes de la formación naranja dicen que les enorgullece. "Hacen más por criticar que por dar apoyo" lamentó Maíllo. El propio Rajoy había denunciado la semana anterior que Rivera cargara más contra él, que contra el independentismo, presuntamente –ya que Cs pidió "dimisiones" si se demostraba que el 1-O se habría pagado con facturas falsas procedentes del FLA.

Con una legislatura al borde del abismo, en la Moncloa avivan ya la sospecha de un boicot de Rivera encubierto usando al PNV como ariete. Lo decían fuentes del gobierno, después de que en la sesión de control Cs instara a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría a vetar la defensa de los nacionalistas vascos al derecho a decidir en la ponencia del Estatuto de Guernica. Santamaría cargó recordando que los naranjas no tienen escaños en Euskadi –sí el PP– y que es por una abstención de Rivera a una proposición del PNV que se había emprendido la derogación de la prisión permanente revisable.

La situación se agrava para Rajoy, ya que los vascos se niegan en público a sentarse a negociar hasta que no se levante el 155 en Catalunya. En la Moncloa no ven otra salida que el presidente del Parlament Roger Torrent convoque "rondas de contactos hasta la saciedad" y proponga la fuerza más votada. Ahí la crítica recae en Inés Arrimadas: las fuentes aseguran que no se quiere presentar porque implicaría "presentar un programa de gobierno", algo que obligaría a los naranjas a salir de la indefinición –y en el Ejecutivo denuncian que es su motor de crecimiento.