Mientras el president Carles Puigdemont juega a llevar a Mariano Rajoy al terreno de la negociación, en una partida de ajedrez donde todo pequeño error podría provocar la victoria del contrario, Rajoy sigue ignorando a su homólogo desde la distancia, como si de un Quijote se tratara buscando la independencia, rodeado de los gigantes europeos y las empresas que se marchan. Es por ello que en la Moncloa creen la partida ganada y no dudarán en completar el artículo 155, en un proceso de contención de la crisis catalana que prevén largo, ofreciendo a cambio una reforma constitucional pactada con el PSOE.

Fuentes del Gobierno alargaban el horizonte temporal del conflicto este viernes, indicando que la intervención de las cuentas de la Generalitat se mantendría, aunque Puigdemont respondiera 'no' al requerimiento que le insta a confirmar si declaró la independencia. A ese anuncio se sumaba el del ministro de Interior Juan Ignacio Zoido, cuando prolongó "hasta que fuera necesario" la presencia de los efectivos policiales en territorio catalán. Se añade el trasladado de convoyes del Ejército, aunque la ministra de Defensa Dolores de Cospedal duda de que tuviesen que actuar.

Mientrastanto, Rajoy tiende la mano ofreciendo retornar a la legalidad previa a los días 5 y 6 de septiembre –cuando se aprobaron las leyes de desconexión en el Parlament–, si Puigdemont contesta 'no' –como sugirió en el debate mantenido en el Congreso con el portavoz del PNV Aitor Esteban. Esta es la única forma del gallego para deshacer "de forma sencilla una cuestión complicada" –según la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría– y seguir evitando la negociación a que lo reta Puigdemont para sacar al presidente del statu quo.

Pero los días pasan y la hipótesis de que el president insista en la vía del diálogo antes del lunes 16 a las 10h gana números. Rajoy se encontraría que la respuesta binaria que espera no llega, sino que podría ser otra de tipo político. En la Moncloa, sin embargo, dicen que eso no les desestabilizará, y entre jueves y viernes obligaría a desplegar el 155 –sin concretar aún qué medidas. Cuentan con el PSOE, al quien el Ejecutivo se ha atado, en un intento de enmendar lo que la vicepresidenta reconoció como un error: la descoordinación entre Partido Popular y PSOE con el Estatut.

En manos de los socialistas ha quedado una solución al conflicto, que pasa por abrir la reforma de la Constitución en el plazo de seis meses, donde se invita a Puigdemont a participar. Esta no apunta a priori en la línea del derecho a decidir de Podemos, pues la unidad de España siempre ha sido un prerrequisito del PP para impulsar la revisión. Tampoco parece que el Gobierno haya asimilado aún la naturaleza del conflicto, después de que el Consejo de Ministros pidiera el viernes la suspensión de la ley del cannabis catalana, otro recurso contra el autogobierno.

Es ahí donde los gestos del Ejecutivo denotan un sentimiento de victoria. Primero, por las empresas que trasladan su sede social, además de la "desaceleración económica" en Catalunya. Segundo, la constatación de que el Govern ganó batallas cuanto a la opinión publicada en Europa, pero los estados miembros seguirían al lado del ejecutivo. "Cómo le vendes tú a la comunidad internacional que no quieres volver a la ley", respondía Santamaría sobre si el tiempo muerto de Puigdemont dejaría a Rajoy como el no dialogante ante una Unión Europea que "no quiere 90 países".

Y así, ante el portazo y los gestos del ejecutivo, Puigdemont responde con un "entendidos", que podría insinuar la posibilidad de levantar –más pronto que tarde– la suspensión a la declaración de independencia para dar salida a las aspiraciones catalanas. Eso abriría la batalla por el poder real en Catalunya, si Rajoy aplica el 155. Por una parte, porque la Moncloa ha perdido la auctoritas –es decir, la legitimación social– entre el independentismo, algo que lo empujaría a la potestas, la fuerza del Estado para imponer su legalidad. Es decir, el Código Penal y los cuerpos de seguridad.