Mariano Rajoy ha pasado de ser el líder indiscutido del rodillo de la mayoría absoluta, a convertirse en presidente de un Gobierno en minoría que resiste agonizante, ante el hundimiento de su legado político. La recogida de firmas contra el Estatut de Catalunya, la amnistía fiscal los años de crisis económica y el "Luis, sé fuerte", ante los escándalos de su partido, han reaparecido como fantasmas del pasado que amenazan ahora la permanencia del presidente más allá de la presente legislatura. Paradójicamente, cuando está atada hasta 2019, pese a los envites de la oposición.

La delicada situación de Rajoy se hizo notar después de que el PSOE le acusara de ser parte activa en la presunta financiación ilegal del Partido Popular, durante la comparecencia del extesorero Luis Bárcenas en el Congreso esta semana. La imputación del PP –primer partido de la democracia en estarlo– seguirá resintiendo la imagen del gallego a partir del 26 de julio, con la citación de la Audiencia Nacional a declarar como testigo por la Gürtel. Será el primer jefe de gobierno de España en hacerlo, y más tarde vendrá su llamamiento a la comisión de la caja B, aunque todavía no hay fecha.

La oposición, sin embargo, no puede derribarle. Las reuniones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias rebelan que no hay margen para una coalición alternativa: mantienen el desacuerdo sobre Catalunya, al par que el PNV firmó un pacto para la cuota vasca, que le hará aprobar las cuentas del Estado un par de años. Ello empuja a la izquierda a resignarse derogando o vetando las leyes del PP en el Congreso. Y de hecho, las comunidades del PSOE ya rechazan los objetivos de déficit de 2018. Eso no impide Rajoy negarse a la rebaja fiscal que exige Ciudadanos para revalidar el sí a los presupuestos.

Pero la estrategia de la izquierda no pasa tanto por tumbar al Gobierno, como por ensanchar electoralmente al tándem PSOE-Podemos, desgastando la figura del presidente. Sublimó durante la moción de censura, cuando la portavoz Irene Montero exigió la asunción de responsabilidades a Rajoy por una lista de casos de corrupción y otros hechos del pasado, y él se volvió que todo aquello era una "maniobra de agitación". La Moncloa trató entonces de girar los papeles y convertir la sesión en una investidura fallida de Iglesias, sepultando el cuestionamiento a su jefe. 

Pero el principal refugio y argumento del presidente, que es la economía, también ha empezado a resquebrajarse. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la amnistía fiscal del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuestionando ciertas medidas que se tomaron para salir de la crisis económica –episodio que alimenta parte de la épica del legado de Rajoy–. Montoro no sólo ha sido reprobado, sino que esta semana se ha sabido la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, sacará 3.500 millones de la muy disminuida hucha de las pensiones para la paga extra de los funcionarios.

El papel de ariete del independentismo también le ha pasado factura, aunque ahora la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría reconoce que PP y PSOE tendrían que haber coordinado su acción ante el Estatut. En la Moncloa dicen que el concurso desierto de urnas manifiesta que la Generalitat no puede seguir avanzando con el referéndum, pero el presidente Carles Puigdemont anunciará este martes los detalles del 1 de octubre. La carpeta catalana podría ser el primer fracaso político de Santamaría, aunque algunos creíean que de su éxito dependía que asumiese el relevo del presidente.

Y ante la amalgama de escándalos de corrupción, la forma cómo los capitaliza Cs, el desgaste de la imagen de Rajoy, o las maniobras de la izquierda, personas próximas al líder popular ya hacen quinielas sobre a quién escogerá como sucesor. La regeneración será entonces un factor clave para que el PP pueda seguir recuperando votos que fueron a parar a Albert Rivera. También, para no alimentar el discurso de PSOE y Podemos. El hecho es que Rajoy siempre ha huido de nombrar a un sucesor político, algo que se podría verse acelerado con el 26-J y el 1-O.