La periodista Pilar Rahola ha desmontado la ofensiva que ha iniciado el Tribunal de Cuentas contra el patrimonio de los miembros del Govern Puigdemont que impulsó el referéndum del 1-O, y lo ha vinculado a una maniobra política.
Rahola ha recordado en su artículo en La Vanguardia, que el juicio de la consulta del 9-N rechazó que existiera malversación y que respecto al referéndum del 1-O el entonces ministro Cristóbal Montoro aseguró que no se había empleado dinero público, que era controlado por el Estado. "¿Cómo es posible que no exista malversación penal, pero el Tribunal de Cuentas les imponga castigos millonarios? Sólo es posible si la motivación radica en una persecución política de manual: la represión contra el independentismo debe llegar también a los bolsillos privados", ha indicado.
La periodista recuerda que el Tribunal de Cuentas no es un órgano judicial, sino un ente controlado por los partidos españoles. "Doce consejeros nombrados por el Congreso y el Senado, es decir, PP y PSOE. Su presidenta fue nombrada por el PP, como su predecesor, Álvarez de Miranda, que estuvo 30 años en el ente", recuerda. "Desde julio de 2018, el PP tiene el 100% del control de su máximo órgano, la comisión de gobierno. El sueldo de los consejeros llega a 120.000 euros, más 6.000 para gastos, trienios acumulados, coche oficial y dos secretarias", añade.
Rahola cita entre "las gestas memorables" del Tribunal de Cuentas, que absolvió a Ana Botella, mujer de José María Aznar, de una multa millonaria por la venta de pisos sociales a fondos buitre, y "no vio nunca nada extraño en las contabilidades de Bárcenas". "Este es el ente que ahora persigue a Puigdemont i Junqueras. No hay que añadir nada más", concluye.