Hace meses que la amenaza de Ciudadanos y el Partido Popular se cierne sobre las dos máximas autoridades de Catalunya, los presidentes de la Generalitat y del Parlament. Superada la etapa Puigdemont-Forcadell, ahora son Torra y Torrent quienes se encuentran en el punto de mira. La inhabilitación dictada contra Quim Torra es el primer gran fruto que recogen. Pero la ofensiva judicial no se detiene aquí y ya advierten de nuevas denuncias y querellas contra ambos si no obedecen las órdenes de la Junta Electoral Central.
Entre las opciones que contemplan PP y Cs para abrir un nuevo frente judicial, cobran fuerza dos nuevos delitos: prevaricación -en el caso de Torrent- y usurpación de funciones -para Torra. En contra de la opinión del resto de partidos del arco parlamentario, JxCat, ERC, PSC, Comunes y CUP, la derecha consideran que la resolución de la JEC contra Torra es definitiva y exigen que se aplique de forma inmediata.
Tanto los independentistas como los comunes y los socialistas -el propio Pedro Sánchez ha explicado que reconoce a Torra como president y como tal se reunirá- consideran que la Junta Electoral Central no tiene competencias para inhabilitar a un president. El propio Torrent argumentó que la JEC, como órgano administrativo, ni siquiera puede expulsar a un diputado que ha tomado posesión del cargo.
Prevaricación y usurpación de funciones
Desde Madrid, el líder del PP Pablo Casado ha anunciado que su partido solicitará la convocatoria de un pleno del Parlament para designar a Ferran Mascarell, el diputado que, según la Junta Electoral, debería sustituir a Torra. En caso de que el presidente de la cámara no acceda, ya avisan de que le denunciarán por prevaricación.
Pero más allá de Torrent, también vuelven a enfocar hacia el president de la Generalitat. Casado ha advertido de que si la Fiscalía no actúa de oficio ante "la flagrante desobediencia de Torra", los populares procederán a presentar una denuncia por usurpación de funciones públicas.
Por su parte, Cs ya ha iniciado el recorrido formal para allanar el camino de posibles nuevas denuncias. Esta mañana, Lorena Roldán ha presentado un escrito a la Mesa del Parlament en el cual piden que se obedezcan las indicaciones de la Junta Electoral de Barcelona, que el viernes declaró vacante el escaño de Torra.
La petición se refiere en todo momento a Torra como "expresident" y "exdiputado" e insta a Torrent a "adoptar todas las medidas adecuadas y necesarias para evitar que se siga cometiendo una ilegalidad". Incorpora, además, un detalle trascendental, el aviso de las posibles "consecuencias jurídicas correspondientes en forma de responsabilidad personal" derivadas de "el incumplimiento" o "la inactividad al garantizar la efectividad de la ley". No en vano, hace meses que han bautizado a Torrent como "Forcadell 2.0".
Una carrera de fondo
La nueva fase de la estrategia de PP y Cs contra el independentismo viene de lejos. A mediados de diciembre, a raíz de una denuncia de Cs, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya condenó al president de la Generalitat a un año y medio de inhabilitación por no haber retirado la pancarta por la libertad de los presos independentistas en el plazo que le marcaba la JEC. Aquella sentencia no es firme, porque está pendiente de un recurso al Tribunal Supremo que ni siquiera se ha presentado todavía. Eso significa que la pena podría ser modificada, razón por la cual no es de aplicación inmediata hasta que el alto tribunal no resuelva.
Como este pronunciamiento definitivo puede tardar meses en llegar, Cs y el PP activaron un camino exprés para destituir a Torra a través de la Junta Electoral. Lo hicieron alegando que se trata de una "causa de inelegibilidad sobrevenida", un argumento que ha comprado la JEC, razón por la cual ha ordenado que se declare vacante el escaño que ocupa Torra. Con todo, deja en manos del Parlament la decisión final sobre si puede seguir o no ejerciendo el cargo de president de la Generalitat.