Decidida y firme, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, asumirá la máxima responsabilidad en la redacción del texto y las decisiones pertinentes de la querella criminal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Así lo publica hoy La Vanguardia, que añade que, además, la querella será inminente y que en los próximos días se concluirá la elaboración de la querella por "delitos de desobediencia y prevaricación".

El contenido se conocerá o bien a través de la comparecencia de la propia Madrigal, o bien mediante un comunicado, y se presentará entre el próximo jueves y el lunes de la siguiente semana, ya que la fiscal general estará en Lisboa hasta el miércoles. Volviendo de su viaje, revisará el texto final y dará el visto bueno definitivo para sacar la querella adelante.

Turull y Gabriel, en el punto de mira

El presidente del grupo parlamentario Junts pel Sí, Jordi Turull, y la diputada de la CUP, Anna Gabriel, también están en el punto de mira de Madrigal por haber sido piezas clave para aprobar la hoja de ruta hacia la independencia con las conclusiones del proceso constituyente.

Precisamente por eso, la Fiscalía cree que son "cooperadores necesarios" en el delito de desobediencia del que se acusa a Forcadell. El motivo principal por el cual también podría ser que se los incluyera dentro de la querella es que cuando la presidenta del Parlament les preguntó si eran conscientes de la prohibición del Tribunal Constitucional (TC) de votar las conclusiones, los dos dijeron que 'sí'.

Menosprecio a la Constitución

Ya al principio de septiembre, Madrigal alertó durante la abertura del curso judicial del "menosprecio" de los independentistas a la Constitución por no acatar las sentencias del TC. Justamente por eso pidió "mantener la integridad de la conciencia intelectual, tal como ha hecho el TC en la sentencia del 2 de diciembre del 2015" –la sentencia que anulaba la resolución independentista aprobada por el Parlament el 9-N del 2015–.

En este sentido, la fiscal general del Estado avisó de que "ni la ley ni la Constitución son inmutables" y soltó que por eso la construcción del Estado de Derecho "nunca puede producirse al margen de la ley y los procedimientos legales establecidos".