El abogado y catedrático de derecho penal Joan Josep Queralt ha intervenido este martes como experto en la comisión de Investigación de la Operación Catalunya y ha asegurado que, ante el conflicto, España ha reaccionado "de forma muy autoritaria".

"Donde se hubiera tenido que actuar con pulcritud y claridad, la separación de poderes no ha existido". Esta es, de hecho, una de las críticas más comunes entre los comparecientes, que aseguran que el Estado ha sacado poder a los jueces y lo ha desviado hacia los policías.

Ejemplo de eso es, según ha afirmado Queralt, la reacción del Gobierno español respecto de la corrupción, ya que "se han desmontado las oficinas para poder investigarla y, de esta manera, se ha sacado al poder judicial una herramienta muy importante". Ahora, cuando un juez quiere investigar, tiene que solicitarlo previamente al Ministerio.

"Ante los conflictos, la reacción del gobierno español es autoritaria, hay picos autoritarios", ha reiterado el compareciente. Su declaración ha servido para secundar las palabras del abogado Elpidio Silva, que aseguró, también en el marco de la comisión de la Operación Catalunya, que España no es "propiamente una democracia".

Queralt ha dedicado gran parte de su intervención a explicar uno de los puntos claves en la Operación Catalunya, la conversación entre el exjefe de la Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, y el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz.

Sobre esta conversación, el compareciente ha asegurado que se trataba de una grabación no oficial que podría responder a las luchas entre varios grupos dentro de la policía. "La lucha permanente por el poder ha producido una serie de disfunciones que demuestran la mala gobernanza del sistema de seguridad", ha asegurado el abogado.

Sobre el papel de De Alfonso, Queralt ha asegurado que tenía que hablar a nivel personal, y no como jefe de la Oficina Antifrau, ya que esta oficina se dedica a "investigar corrupción y errores de la democracia" pero en ningún caso a perseguir enemigos políticos del Estado.

En referencia al exministro, ha asegurado que él estaba al corriente de la situación, una afirmación que también han reiterado varios comparecientes en la comisión. "Si se confirmara la implicación de Fernández Díaz sería muy grave porque implicaría la utilización del Estado con intereses partidistas", ha concluido.