El president en el exilio, Carles Puigdemont, ha celebrado este jueves el fracaso de la opa del BBVA al Banc Sabadell. "El intento de acabar con el sistema bancario de Catalunya ha fracasado", ha sentenciado de forma tajante el líder de Junts per Catalunya en un mensaje publicado en X. Puigdemont ha mostrado su satisfacción por el hecho de que el banco catalán no acabe siendo "absorbido" por el BBVA y ha recordado que "era importante que la opa no prosperara", añadiendo que "ahora es aún más importante que el Sabadell refuerce los vínculos con el sistema económico y social de Catalunya". En opinión del president en el exilio, esta "es la mejor prevención para tentaciones de absorción futuras".

El Banco Sabadell se impuso y la opa del BBVA fracasó tras conseguir solo un 25% de aceptaciones, según confirmaron ambas entidades este jueves por la noche en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De acuerdo con las informaciones publicadas en la CNMV, la oferta ha sido aceptada por un 25,33% de las acciones y del capital social, y un 25,47% de los derechos a voto –considerando aquí que la autocartera del Sabadell.

Como no ha conseguido el mínimo necesario de un 30%, la oferta automáticamente decae y queda sin efecto. BBVA podía plantear una segunda oferta solo si conseguía entre un 30 y un 50% del capital del Sabadell. Los más de 200.000 accionistas del Banc Sabadell han tenido un mes para canjear sus títulos. La oferta planteada era de una acción ordinaria de nueva emisión del banco por cada 4,8376 acciones del Sabadell. BBVA mejoró a finales de septiembre las condiciones iniciales, que era de una acción ordinaria del BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones del Sabadell.

De esta forma, se cierra el capítulo final de una opa que se ha alargado más de 17 meses. En este periodo el Sabadell trasladó su sede de nuevo a Catalunya y se vendió la filial británica, TSB, movimiento avalado con un 99,6% de los votos. La operación de concentración bancaria habría podido provocar la pérdida de entre 7.000 y 10.500 empleos, de los que entre 2.400 y 3.200 estarían en Catalunya, según habían avisado los sindicatos. En oficinas, podrían cerrarse entre 589 y 883 en el Estado y unas 200 en Catalunya.