La persecución del Tribunal de Cuentas contra los responsables de la acción exterior del Govern entre los años 2011 y 2017 puede acabar levantando polvareda más allá del estado español. La defensa del president Carles Puigdemont, en manos del abogado Gonzalo Boye, estudia la denuncia de este procedimiento ante la justicia belga.

"Haremos uso de todos los mecanismos para exigir responsabilidades por este acto. Querella o demanda. No escatimaremos esfuerzos, porque es claramente un atropello", ha asegurado Boye en declaraciones a ElNacional. El Tribunal de Cuentas ha fijado en 5,4 millones la fianza que reclama a los responsables del Govern por fondos supuestamente malversados de la acción exterior y en el caso de Puigdemont le reclama 1.981.45,47 euros, a raíz de gastos de las delegaciones, viajes o acciones en el Exterior durante su mandato como presidente de la Generalitat.

El hecho de que la residencia de Puigdemont esté fijada actualmente en Waterloo comporta que es en Bélgica donde sufrirá el perjuicio de esta acción del Tribunal de Cuentas y es en la justicia de aquel país donde tendrá que recurrir, según su abogado.

Suplicatorio

Al comparecer ante la instructora delegada del caso, María Esperanza García Moreno, el abogado le ha advertido que en la documentación que se les ha entregado no consta que el Tribunal haya pedido un suplicatorio parapoder actuar contra Puigdemont, dado que disfruta de inmunidad por su condición de eurodiputado.

La instructora ha replicado que no le hacía falta, pero Boye, que advierte que cualquier acción contra su defendido está protegida por su inmunidad, ha hecho constar en acto la no existencia de ningún suplicatorio ni petición al respecto, e incluirá estos hechos en sus alegaciones.

Vulneración de derechos

El abogado, que también se encarga de la defensa de Martí Anglada y Josep Suárez, advertirá a través de sus alegaciones que este procedimiento está afectando derechos básicos como son el derecho a defensa, a un proceso con las debidas garantías, en la tutela judicial efectiva, al juez imparcial predeterminado por ley, el derecho a la propiedad privada, a la presunción de inocencia, a la seguridad jurídica, y a la vulneración de la buena fe procesal.

Asimismo, denunciará un "carácter inquisitorial" del procedimiento que está llevando a cabo el Tribunal de Cuentas, "impropio de un estado democrático y de derecho".

Trato de expresident

Asimismo, la defensa de Puigdemont denunciará a través de sus alegaciones que el Tribunal de Cuentas está derogando el Estatut por la vía de los hechos, dado que la acción exterior del Govern está prevista en el texto estatutario.

El abogado ha protestado igualmente ante el tratamiento con el que se dirigía la instructora a su defendido, como señor Puigdemont, y le ha exigido el trato que le corresponde es de Muy Honorable, dado que mantiene intactos los honores como expresident de la Generalitat.

Denuncia por prevariación

La advertencia de Boye sobre las denuncias contra el Tribunal se añade a lo que también hizo el 10 de junio el exconseller Francesc Homs, que advirtió públicamente a la delegada instructora que, si no corrige sus resoluciones, presentará una querella por prevaricación contra ella.

En las alegaciones presentadas ante el tribunal, se incluyen protestas por la actuación de García Moreno, a la cual acusan "de arbitrariedad administrativa que da lugar a resoluciones injustas". Además, advierten que estas resoluciones injustas se han adoptado sabiendo que lo son.

 

En la imagen principal, el abogado Gonzalo Boye a las puertas del Tribunal de Cuentas / Efe