Una vez superados los obstáculos, el president Carles Puigdemont ha podido declarar por videoconferencia desde Bélgica en el juicio que se sigue contra el exconseller Miquel Buch y el mosso Lluís Escolà. Puigdemont ha negado que el agente hubiera hecho tareas de escolta para él en Waterloo y ha denunciado que el ministerio del Interior ha impedido que pudiera disponer del servicio de protección que la ley prevé para los expresidents de la Generalitat.
La declaración de Puigdemont, que estaba prevista a media mañana, se ha tenido que aplazar hasta las 13 horas después de una mañana llena de tropiezos, primero por dificultades con el sonido de la teleconferencia y después por la falta del intérprete que reclamaban las representantes de la justicia belga que acompañaban al presidente en Bruselas. Finalmente, se ha presentado la intérprete y se ha podido reanudar el interrogatorio en la que ha sido la primera declaración de Puigdemont ante un tribunal del Estado español por un caso vinculado al Procés.
Infringir la ley
El president ha descrito a Escolà como un amigo, que le merece "toda la confianza". Es un patriota que si está en este juicio es porque se ha sacrificado por el país y por ninguna otra razón. Le he visto sufrir mucho y acompañarme en momentos en que las autoridades españolas infringían su deber de hacer cumplir la ley para garantizar mi protección", ha denunciado.
A preguntas de su abogado, Gonzalo Boye, ha recordado que el 22 de junio del 2018 pidió que se cumpliera la norma del 2003 del Parlament de Catalunya que asigna protección policial a los expresidents, pero que el ministerio del Interior lo denegó. "Incumpliendo la ley", ha denunciado. A pesar de eso, ha contestado con un "de ninguna manera" a las preguntas sobre si había pedido un servicio de protección que no sea el que contempla la legislación.
También ha negado que Escolà le ayudara a huir del Estado español, dado que, según ha recordado, cuando él se marchó de su casa a finales de octubre del 2017 para atravesar la frontera, acompañado del mosso, no había ninguna orden que restringiera su libertad de movimientos. Puigdemont ha insistido que ninguno de los agentes de los Mossos que durante estos años han estado en la Casa de la República, estaban en funciones oficiales. "Los escoltas llevan armas, chalecos, permiso de las autoridades españolas. Eso no ha pasado nunca, y quiero señalar que incumpliendo las leyes vigentes", ha insistido también al responder al fiscal.
El juez marca a Boye
El presidente del tribunal, José Carlos Iglesias, ha obligado a la defensa de Puigdemont a ceñirse mucho a las cuestiones vinculadas con los hechos por los cuales se juzga a Buch y Escolà. Tampoco ha permitido que Puigdemont respondiera si durante estos años se ha visto expuesto a algún incidente que haya comportado una situación de peligro. La tensión entre el juez y el abogado ha provocado en algún momento la intervención de la magistrada belga, desde Bruselas, interesada por conocer la razón de la disputa. "Dígale que cuestiones técnicas", ha pedido en un momento dado al juez, mareado entre los movimientos de Boye, las dificultades y resoplidos de la traductora y las reclamaciones de las representantes judiciales belgas.
El juez ha querido ir al grano y se ha ventilado algunas de las insistentes preguntas del abogado defensor, pero también del fiscal, insistiendo una vez y otra, que Puigdemont ya había dejado claro que Escolà no le había hecho ningún servicio de escolta en Waterloo.