Carles Puigdemont insiste en que el conflicto en Catalunya "es un problema europeo", porque pone en juego los valores sobre los que se ha construido la Unión Europea. Así se explica en un análisis en el diario suizo Blick, el popular más vendido y el estandarte del grupo mediático Ringier, el principal del país. El presidente en el exilio pide a la UE que intervenga, pues el estado español sufre una "incapacidad estructural" para llegar a un compromiso. La herencia del franquismo, la incompetencia para escuchar y negociar, la politización de la justicia española, el recurso ordinario a la represión, son los argumentos que desarrolla Puigdemont (en inglés y también en alemán).
"Me duele admitir que las instituciones políticas europeas vigilan en silencio. La UE permite que la policía de uno de sus Estados miembros utilice la violencia contra sus ciudadanos. [...] Permite que España marque la agenda y que se impida vergonzosamente que tres miembros del Parlamento Europeo, que han recibido más de dos millones de votos, ocupen su lugar. La idea de que el voto es el fundamento esencial de la democracia o que la decisión del pueblo es sagrada quedará perjudicada de manera irreparable si se sigue impidiendo que asumamos nuestro mandato", dice el presidente en el exilio.
Puigdemont alerta que de esta manera "la Unión deja de ser un proyecto atractivo a ojos de sociedades como Suiza, donde la voluntad del pueblo es el cimiento de todo el sistema."
"Penas y sufrimientos"
"Bajo el disfraz de la sagrada unidad, el Estado español ha desencadenado una fuerte oleada de represión en respuesta a la petición de la sociedad catalana", explica. "España ha despreciado la política y ha asignado la responsabilidad de resolver el conflicto a los tribunales que, dicho de paso, son considerados entre los menos independientes de toda la UE".
Sigue: "¿Con un sistema político incapaz y un poder judicial muy politizado, qué podría salir mal?". El independentismo tiene "un largo camino por delante, lleno de penas y sufrimientos" porque "el Estado español ha enterrado al dictador Francisco Franco, pero no su legado. [...] Para el régimen de 1978, la unidad es más importante que la libertad, la democracia y la convivencia pacífica. Esta máxima fue bien remachada por Franco y el sistema político y judicial español lo ha confirmado hasta hoy. La resolución del Supremo [sobre el 1-O] tiene como objetivo clarificarlo".
También recuerda que "hemos explorado todas las rutas posibles antes de plantearnos la opción de constituir un Estado independiente [y] nunca se ha aceptado ninguna. Incluso el Estatut aprobado por grandes mayorías en el Parlament catalán, el español y un referéndum, fue anulado por el Tribunal Constitucional. Todavía hoy, el primer ministro español no se digna responder al teléfono cuando el presidente del Govern lo llama". Y remacha: "la idea de llegar a un pacto, un acuerdo, cosa que implicaría concesiones, es aun vista por la cultura política española como un signo de cobardía".
"Defendemos la democracia porque es la mejor manera de defender nuestra dignidad", concluye.