La sentencia de Pedro Sánchez en septiembre de 2019 fue lapidaria: con Pablo Iglesias sentado en la mesa del Consejo de Ministros "no dormiría tranquilo por la noche junto al 95% de los ciudadanos de este país". Ni dos meses después los dos ya firmaban un preacuerdo de gobierno de coalición, porque los números seguían siendo tozudos a pesar de haber abocado España a una repetición electoral. Ahora hace un año se constituía con sangre, sudor y lágrimas el primer Gobierno de coalición desde la Segunda República. Lo hicieron por la mínima, en segunda votación, después de cerrar una mayoría inestable de investidura en el Congreso de los Diputados. Entonces se comprometieron a tener varias voces "pero una sola palabra", un solo gobierno y no dos en uno. El gobierno ha sobrevivido con sobresaltos. Aquella premisa no se ha cumplido en absoluto. Los pasos que se dan cuestan el doble, o más.

Prácticamente sólo tuvo dos meses de descanso, o ni siquiera eso. Una pandemia mundial lo revolvió todo –incluidas las prioridades del gobierno– y convirtió España en uno de los países más golpeados de Europa en cifras de contagios y muertos por coronavirus. Una crisis sanitaria, económica y social desbocada, que ha puesto a prueba las costuras de la coalición en múltiples ocasiones. Como también ha sido desbocada la ofensiva de la oposición de derechas, la derecha política pero también la judicial e incluso policial y militar. Probablemente el pulso de Casado, Abascal y los poderes del Estado profundo ha sido el único elemento cohesionador entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

En estos doce meses, las filtraciones interesadas y las zancadillas han sido una constante. No han faltado tensiones en tan sólo un año de gobierno. Sólo tres ejemplos. El más reciente, la aprobación de un decreto que prorrogue la prohibición de desahuciar y cortar suministros. Ha tardado semanas a ver la luz por las discusiones internas y se ha quedado bastante corto para Unidas Podemos: ellos querían prorrogarlo al menos hasta el 2022, pero finalmente será hasta que decaiga el estado de alarma el próximo 9 de mayo. Lo mismo se vivió, durante meses, con el ingreso mínimo vital, que ni siquiera ha acabado llegando todavía a toda la población a la que pretendía dar cobertura. Pero incluso han chocado en cuestiones que no tienen estas implicaciones económicas y que son compromisos sociales compartidos. Es el caso de la ley de libertades sexuales –la del sólo sí es sí–, el primer gran encontronazo del ejecutivo. Su tramitación en Consejo de Ministros fue acompañada de graves reproches a ambos lados, después de la pugna entre los ministerios de Igualdad y Justicia. Porque una ley puede involucrar más de un ministerio, no siempre del mismo color político.

Ahora la aprobación de los presupuestos del Estado ha dado, por fin, la perspectiva de un gobierno duradero. Pero el primer año ya ha sido el presagio de lo que viene: una legislatura que quizás será larga, pero también turbulenta en varios frentes. Puede pasar de todo. Sólo tres ejemplos. La recuperación económica, con Nadia Calviño al frente, hecho que levanta siempre recelos en Podemos. La carpeta catalana, con la posible libertad de los presos, la mesa de diálogo sin reunir y elecciones a la vista. Y la crisis inesperada de la monarquía, que con el emérito fugado enfrenta frontalmente a los dos socios de La Moncloa. A todo esto, habrá que controlar los daños de la pequeña remodelación de gabinete por la salida de Salvador Illa y la probable entrada de Miquel Iceta. Y sin tener todavía consolidada una mayoría en el Congreso de los Diputados.

La recuperación económica

El coronavirus lo ha trastocado todo y ha hundido la economía española en una magnitud sin precedentes. Las últimas previsiones de la OCDE prevén que España ha cerrado el año con una caída del PIB del 11,6%, mientras en 2021 sólo remontará un 5%. Se han destruido muchos puestos de trabajo y las prestaciones de los ERTE tampoco acaban de llegar a los trabajadores. La lluvia de millones de los fondos europeos, aunque insuficiente, puede ayudar a salvar los muebles. Pero desde Bruselas avisan de que harán falta reformas del Estado. El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ya trabaja en un recorte del 5% de las pensiones a través del cómputo de años. Unidas Podemos ya ha levantado el hacha de guerra, avisando de que se opondrá frontalmente. Mientras tanto, la subida del salario mínimo sigue congelada enfrentando también a los dos socios del gobierno de coalición. No será extraño que este año vuelva a aflorar en varias ocasiones la guerra soterrada entre los vicepresidentes Pablo Iglesias y Nadia Calviño. Sánchez prometió al inicio de la pandemia un cambio de paradigma respecto de la crisis del 2008, que se saldó con un recorte del sector público y los servicios sociales. Habrá que ver si se mantiene fiel a su compromiso o también lo guarda en un cajón, como la carpeta catalana.

La carpeta catalana

Justamente el Gobierno ha cerrado el 2020 con una promesa incumplida: la del ministro Juan Carlos Campo de aprobar la reforma de los delitos de rebelión y sedición antes del 31 de diciembre. Y los enfrentamientos que ha comportado esto especialmente con los comunes. La libertad de los presos políticos independentistas, ya sea a través del Código Penal o de los indultos, será un elemento clave para una cierta normalización del clima en Catalunya que persigue al ejecutivo central. Pero todo estará marcado por las diferentes aproximaciones al contencioso catalán del PSOE y Podemos, y especialmente del resultado de las elecciones del 14-F, con una carrera entre ERC, JxCat y la apuesta desesperada del PSC con Salvador Illa. No será hasta después de las elecciones que se pueda volver a reunir la mesa de diálogo, el único acuerdo de investidura de los republicanos que no se ha visto cumplido. Sólo ha celebrado una reunión de protocolo para constituirse. Pero el independentismo exige más que una fotografía. Los dos socios tendrán que empezar a dibujar una propuesta, pero antes la tendrán que consensuar ellos dos, que no será un camino fácil. Hasta ahora, Podemos ha mantenido que el referéndum de autodeterminación es la vía. Los socialistas no quieren ni oír hablar de ello. Será interesante el papel de Miquel Iceta como posible ministro.

El peor año de Felipe VI

El 2020 ha sido el peor año para los sanitarios y también para los monárquicos. La imagen de la institución hace aguas. El rey emérito se encuentra fugado en Emiratos Árabes, desde donde declara centenares de miles de euros que había defraudado a la Hacienda española y tiene causas judiciales abiertas en diferentes países, incluyendo España. Mientras tanto, los militares retirados pero también en activo protagonizan un renovado ruido de sables, y miran directamente hacia su hijo. En sus dos discursos, por Navidad y por la Pascua Militar, Felipe VI ha preferido pasar de puntillas. La monarquía está en crisis institucional y eso divide también al gobierno de coalición. Unidas Podemos presiona para aprobar al menos una ley de la Corona, que regule sus funciones y establezca una mayor transparencia que las migas actuales. Mientras tanto, el PSOE trata de parar cualquier movimiento que pueda desestabilizar el régimen del 78, del que la Corona es la pieza central. Haciendo pinza con el PP y Vox en la Mesa del Congreso, los socialistas ya han detenido un puñado de comisiones de investigación, unas iniciativas que en muchos casos llevaban a la firma del grupo parlamentario de Unidas Podemos. El Dragon Khan vuelve a instalarse, esta vez en Madrid.

¿Te ha parecido interesante este artículo? Para seguir garantizando una información comprometida, valiente y rigurosa, necesitamos tu apoyo. Nuestra independencia también depende de ti.
Suscríbete a ElNacional.cat