La imagen de Juan Carlos I, hecha pública durante las fiestas de Navidad, es una metáfora bastante precisa de la situación de la monarquía española. En un estado de salud deplorable, probablemente después de pasar el coronavirus, el rey emérito podía andar gracias a la ayuda de dos escoltas que lo mantienen de pie. Lo mismo le pasa a la institución monárquica, que atraviesa sus horas más bajas desde la abdicación del padre. El hijo Felipe VI no sólo se enfrenta a los continuos escándalos de corrupción, que también le salpican personalmente, sino a un ruido de sables militar y político de las facciones más ultras que no se atreve a depurar. En este caso los escoltas son otros. La derecha, la extrema derecha y, también, el PSOE. Paradójicamente, un partido de origen republicano. Parece acertado aquello que se decía que los socialistas siempre habían tenido mejor relación con La Zarzuela.
El epicentro fue la huida de Juan Carlos I a los Emiratos Árabes Unidos, en pleno verano, donde todavía sigue. No necesitó el maletero de un coche que atravesara la frontera de incógnito. Fue una operación de estado confeccionada de forma secreta entre los palacios de La Moncloa y La Zarzuela. De hecho, fue tan secreta que el socio pequeño, Unidas Podemos, se enteró casi por los diarios una vez el rey emérito ya estaba en Abu Dhabi. Pedro Sánchez –y sobre todo Carmen Calvo- es quien lo mueve todo; Pablo Iglesias no tiene nada que decir.
Cada día que pasa se conoce algún detalle nuevo que rompe la deliberada opacidad. Ha sido una operación de estado y ha sido financiada con dinero del Estado. Según revelaba eldiario.es ahora hace unos días, el personal que acompaña al emérito tiene todo pagado por las arcas públicas. Corren a cargo de Patrimonio Nacional. Son tres personas que se organizan por turnos. La lista de gastos incluye los viajes, los sueldos, el alojamiento y las dietas. Al menos hasta donde se ha podido saber. Porque la falta de transparencia –que tanto han proclamando desde Felipe VI hasta Pedro Sánchez- ha sido una constante. Seguramente quedan muchos gastos de la huida a los Emiratos Árabes por destapar.
Patrimonio Nacional, que cuelga del Ministerio de la Presidencia, está pensado para proteger y conservar los monumentos y edificios singulares del Estado. Pero se ha convertido en un cajón de sastre donde la monarquía pasa sus facturas. Sólo algunos ejemplos de los gastos que ha asumido: las indemnizaciones por despidos improcedentes a la tripulación del yate Fortuna, el mantenimiento de la casa donde se alojaba la examante Corinna Larsen cuando estaba en Madrid y los seguros de los Ferrari, Rolls Royce y otros coches que el emérito había recibido como regalos. La única reacción de La Moncloa ha sido para decir que el rey emérito "tiene que tener protección" y que siempre ha sido así, antes y después de que Juan Carlos I abdicara y pasara el testigo a su hijo Felipe VI. Como siempre la voz del ejecutivo la ha llevado el PSOE.
Así, la partida de los presupuestos para la Casa Real ha pasado a ser anecdótica, porque gran parte de los gastos son asumidos por otros Ministerios, como el de Presidencia o el de Interior, con respecto a la seguridad. Sin embargo, el Gobierno de coalición ha aumentado la partida de la Casa Real en sus anhelados presupuestos del Estado. Ha subido en el 2021 casi un 6,9%, aunque Felipe VI retiró la asignación económica a Juan Carlos I por sus continuados escándalos que ven la luz. Son los terceros presupuestos del Estado consecutivos que contemplan subidas para la Casa Real. Pero Mariano Rajoy no había llegado a tanto: en los años anteriores habían sido muy inferiores los incrementos: del 0,56% en el 2017 y del 0,87% en el 2018. La monarquía vuelve a los niveles presupuestarios del 2011.
Los escándalos del rey emérito han empezado a estallar en la justicia de otros países, especialmente Suiza, hasta el punto que la Fiscalía española tuvo que abrir una investigación. Pero todo parece indicar que quedará en nada. Sin responsabilidades penales. Tampoco habrá responsabilidades políticas. Los socialistas han hecho pinza con el PP y Vox para tumbar hasta siete veces, en la Mesa del Congreso de los Diputados, comisiones de investigación sobre los tejemanejes de Juan Carlos I. Hasta la sexta vez, se aferró a los informes de los letrados de la cámara baja, que veían problemas legales. Pero en la última ocasión los servicios jurídicos dieron su aval, por tratarse de hechos posteriores a la abdicación (tarjetas black), y el PSOE volvió a vetar cualquier intento de poner luces y taquígrafos a la corrupción de la monarquía española.
Desde el principio de la nueva crisis monárquica, Pedro Sánchez se apresuró a construir un cortafuego en torno a la institución que salvara a Felipe VI de los escándalos judiciales de su padre. Pero las reformas que plantea son milimétricas. Unidas Podemos reclama como mínimo una ambiciosa Ley de la Corona, que imponga la transparencia que ha estado ausente y delimite de forma precisa las funciones del monarca. En cambio, el PSOE como máximo se abre a reformar la inviolabilidad constitucional –sin precisar en qué términos– y hacerlo buscando el "consenso" con el PP, y no con la formación de Pablo Iglesias. Las discrepancias entre los socios han sido importantes.
El PSOE fue uno de los grandes partidos de la Segunda República, que defendió hasta caer derrotada por el ejército golpista de Franco. Pero con la muerte del dictador, con la restauración democrática, también llegó la restauración monárquica. Y el PSOE renunció a la República hasta el día de hoy, un partido monárquico de facto. Como verbalizaba el ministro Juan Carlos Campo, no se puede tocar la pieza de la monarquía porque "podría derrocarse todo". Este todo era el régimen del 78.