Pedro Sánchez ha mantenido en su programa electoral del 29N algunos de los compromisos alcanzados en la pasada legislatura con formaciones que lo invistieron presidente del Gobierno. El PSOE, concretamente, se compromete en la próxima legislatura a "seguir impulsando" el reconocimiento del catalán como lengua oficial en la Unión Europea. También incorpora el nuevo sistema de financiación autonómica, nacido de la financiación singular pactada por ERC y el PSC, y la asunción de 83.000 millones de euros de deuda autonómica, fruto del pacto de investidura con los republicanos. También promete actualizar el Fondo de Compensación Interterritorial, además de medidas sobre vivienda, pensiones, trabajo, fiscalidad, redes sociales, sanidad, justicia y seguridad ferroviaria.
En cuanto a la pluralidad lingüística, los socialistas se comprometen a promover la enseñanza del catalán, el euskera y el gallego con cátedras y lectorados, y a colaborar con el Institut Ramon Llull y el Etxepare. El texto también apuesta por modelos de lenguaje de inteligencia artificial abiertos en las lenguas que son oficiales en el Estado, en el marco de la ampliación de la red del Instituto Cervantes. También quieren consolidar el uso del catalán, vasco y gallego en las Cortes Generales y extenderlo a la atención de la Administración General del Estado en los territorios donde son oficiales. Justo lo contrario de lo que plantea el PP: el programa de Alberto Núñez Feijóo prevé reformar el Reglamento del Congreso de los Diputados para que los debates se hagan solo en castellano.
En cuanto a la financiación, el PSOE se compromete a impulsar el nuevo sistema aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que aporta 21.000 millones de euros adicionales a las autonomías, 4.700 de los cuales para Catalunya. El modelo tiene su origen en la financiación singular que ERC y el PSC pactaron para investir a Salvador Illa, que debía garantizar que Catalunya recaudara todos sus impuestos y el principio de ordinalidad. Ahora bien, María Jesús Montero presentó en enero, al día siguiente de una reunión entre Sánchez y Oriol Junqueras en la Moncloa, un modelo que convertía la financiación singular para Catalunya en un sistema de singularidades para todos. "No puede existir un modelo a medida de una comunidad autónoma", manifestó entonces la titular de Hacienda. El CPFF lo aprobó el 4 de septiembre, pero el modelo no fue a ninguna parte porque las Cortes se disolvieron por la convocatoria de elecciones generales. El PP, en cambio, defiende que ninguna autonomía del régimen común saldrá "ni habrá nuevos regímenes singulares negociados bilateralmente".
El programa socialista también recoge la asunción parcial por parte del Estado de 83.000 millones de euros de deuda autonómica. La medida proviene del pacto de investidura de Sánchez que ERC y PSOE firmaron en noviembre de 2023, que preveía condonar unos 15.000 millones de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El Gobierno también lo extendió a todas las autonomías: 83.252 millones, 17.104 de los cuales para Catalunya. Los socialistas también prometen actualizar el Fondo de Compensación Interterritorial y los incentivos regionales.
Vivienda, pensiones y redes sociales
En el ámbito social, el programa del PSOE propone reformar la Constitución para que la vivienda sea un derecho fundamental, movilizar cada año el 1% del PIB a esta carpeta y crear un parque público estatal de 100.000 viviendas a través de CASA 47. También prevé un impuesto progresivo sobre las viviendas de grandes propietarios y fondos que no se destinen al alquiler asequible, y un marco estatal para que los ayuntamientos graven las pernoctaciones en pisos turísticos. En cuanto a las pensiones, los socialistas quieren blindar en la Constitución el sistema público y la revalorización con el IPC. Paralelamente, se comprometen a completar la reducción de la jornada a 37,5 horas y a fijar por ley el SMI por encima del 60% del salario medio. El documento incluye, además, un tipo máximo del 35% para las rentas del capital superiores a 300.000 euros, más impuestos a los "tecnooligarcas" y una edad mínima de 16 años para usar las redes sociales. También propone incluir en el Código Civil la figura de la unión de amistad, que dará amparo legal a las personas unidas por un vínculo de amistad o compañerismo que decidan asumir un compromiso mutuo de cuidados.
Un pacto de Estado por la seguridad ferroviaria
Después de la tragedia de Urda (Toledo), el PSOE se ha visto obligado a abordar la seguridad ferroviaria en su programa. El texto, que hace referencia a "las tragedias" que han tenido lugar este 2026, propone un pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria, la Atención a las Víctimas y la Justicia, que partirá de una auditoría de una nueva comisión técnica. Los socialistas se comprometen a blindar unos 19.000 millones de euros para la conservación y el mantenimiento de la red hasta 2030, y a tramitar como proyecto de ley el real decreto ley del 10 de noviembre, que refuerza la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. También prevén consolidar una dirección de perfil técnico en Adif y Renfe, reforzar las plantillas y crear la figura del Defensor de Víctimas de Accidentes Colectivos. Finalmente, el programa plantea poner en servicio el sistema ERTMS de nivel 2 en la línea Madrid-Sevilla e implantar la doble verificación de las órdenes de circulación en los centros de control.