El periplo del PSOE hasta una investidura de Mariano Rajoy presenta un dilema para el futuro de la organización: la corrupción. El presunto jefe de la trama Gürtel, Francisco Correa, admitió este jueves haberse repartido comisiones con el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas por hacer de intermediario en la concesión de contratos públicos. La posibilidad de que la sede de Génova fuera uno de los centros de operaciones ha golpeado a los socialistas a pocos días de la ronda de consultas del Rey. La comisión gestora defiende que la abstención permitiría presionar al PP en el Congreso y reparar esos "daños", pero otras voces piensan que así dejarían impune la corrupción.

El exsecretario general, Pedro Sánchez, instauró la idea de que dejar pasar los populares era lo mismo que darles apoyo. Los denominados 'sanchistas' hicieron suya esa consigna y asumieron que si eran la alternativa al PP, no podían abstenerse. Sánchez afirmaba que eso sería decir 'sí' a los recortes, 'sí' a las "políticas lesivas" de Moncloa, o 'sí' a la "corrupción". Parte de ese discurso configuró las intervenciones del socialista durante la investidura fallida de Rajoy para argumentar el 'no'. Mantener hasta la dimisión ese antagonismo permitió a Sánchez neutralizar el avance de Podemos.

Pero ante una inminente rendición, Ferraz se ha visto atrapado en su propio relato. Fernández centra los esfuerzos en hacer pedagogía sobre que dejar pasar no es lo mismo que secundar una causa. La última tentativa ha venido de la mano del secretario de la gestora, Mario Jiménez. Jiménez cree que la pérdida de mayoría absoluta del PP ofrece la oportunidad desde el parlamento de "reparar los daños" ocasionados en los años de mayoría absoluta de Rajoy. El presidente asturiano añadió que no se podía poner la barricada al PP entre "buenos y malos" porque le votaban más de ocho millones de personas.

Esa teoría tiene contestatarios que creen que si se abstienen, los socialistas quedarán inhabilitados para hacer de oposición. Es el caso del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y otros 'sanchistas' como el expresidente del Congreso, Patxi López. López dice que los ciudadanos no les han votado para "blanquear" la corrupción. Sin embargo, Ciudadanos los invita a hacer como ellos, que de momento se quieren quedar fuera del gobierno para fiscalizar a Moncloa desde el Congreso. El agravio para el PSOE es que Podemos aspira a ser el líder moral de la oposición y lo tendría fácil para atrincherarlos con el PP, si ceden.

Así las cosas, los populares descartan que la Gürtel interfiera en la investidura. Fuentes del partido recuerdan que Rajoy rompió relaciones con las empresas de Correa cuando se hizo presidente de la formación en el año 2004. El primero se desplazó entonces para trabajar con el PP de la Comunidad Valenciana, acompañado del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. Por ese motivo, las mismas fuentes lamentan el argumento de Podemos sobre que la financiación ilegal es del partido. Según consideran los populares, se trataría de los "negocios personales" de Correa y Bárcenas.

Los socialistas esquivan el tema a pocos días del comité federal donde tendrán que decidir el sentido de su voto. El diputado Pedro Saura se limitó a decir que "eso [Gürtel, Black...] ya lo conocía todo el país" y ellos lo vienen denunciando. Saura, así como la presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol, se escudan en el comité para redimir la cuestión. "Si alguien quiere facilitar el gobierno de Rajoy, lo tendrá que argumentar", dijo Armengol. La gestora del PSOE ha informado de que la próxima semana dirá la fecha de la reunión, que se espera el 23 de octubre, antes de la ronda de Felipe VI en La Zarzuela, los días 24 y 25.

Mientras tanto, las declaraciones de Correa permiten a la nueva política marcar perfil. C's dice que la Gürtel no es nueva, pero gracias a su pacto anticorrupción, se podría crear una comisión de investigación en el Congreso sobre los llamados 'papeles' de Bárcenas y la supuesta financiación ilegal del PP. En ese foro, C's exigirá que esté Correa, o incluso Rajoy. Y Podemos "cava trincheras", afirmando que introducirán garantías al cumplimiento de los acuerdos de investidura en las comunidades autónomas donde dan apoyo a los socialistas. Como si PP y PSOE se tuvieran que convertir en lo mismo.