Donde dije digo, digo Diego. El PSC de Jaume Collboni optó por alinearse ayer con el PP y Ciudadanos en contra de una declaración a favor del acercamiento de los presos políticos independentistas, manteniendo unido al bloque del 155. Los socialistas rechazaron esta reclamación, lo que no sería una sorpresa si no fuera porque los socialistas vascos aplaudieron recientemente la decisión del gobierno francés de acercar los presos de ETA al País Vasco y que, de hecho, en el mismo acuerdo de gobierno de Euskadi entre el PNV y el PSE se incluyera esta medida.

tres mesos manifestacio presos jordis - Sergi Alcazar

Manifestación por la liberación de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart tres meses después de su encarcelamiento preventivo / Sergi Alcàzar

El Ayuntamiento de Barcelona reclamó ayer el acercamiento de los presos políticos a cárceles catalanas con el apoyo de los comuns y de los partidos independentistas. La declaración municipal, impulsada por el tercer teniente de alcalde de Ada Colau, Jaume Asens, obtuvo pues la mayoría necesaria para prosperar pero impactó la indeferencia de los socialistas. De hecho, el mismo Asens dijo que el rechazo del PSC le parecía de "poca sensibilidad humanitaria" y poco coherente con la política del partido homólogo vasco, el PSE, que ha trabajado por el acercamiento de los etarras.

PSE vs. PSC

Hace tan solo un mes los socialistas de Euskadi celebraron una medida histórica del gobierno francés, encabezada por el presidente Emmanuel Macron, que propiciaba el acercamiento de los presos de ETA a prisiones más cercanas al País Vasco. Desde los socialistas se expresó el apoyo a la medida, que calificaron como "positiva", y de hecho incluso emplazaron al Gobierno a seguir el mismo camino. Desde Catalunya, el secretario primero del PSC, Miquel Iceta, también se hizo eco de esta opinión:

Pero el posicionamiento del PSE no ha sido solo puntual, sino que ha tenido su continuidad en el tiempo: el pasado 2016, tras los comicios en Euskadi, los socialistas vascos pactaron con el PNV un acuerdo de gobierno —que sigue en vigor— en el que se incluye una “propuesta de reorientación de la política penitenciaria que fije como objetivo fundamental la reinserción, atienda prioritariamente las problemáticas de mayor incidencia humanitaria y favorezca el acercamiento de presos” al País Vasco.

 

Para justificar este acuerdo, la decisión se enmarcaba en una voluntad de convivencia y de hacer prevalecer los derechos humanos, una idea que parece que sirve para los terroristas de ETA encarcelados pero no para el vicepresident Junqueras, el consejero Forn y los activistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.