El mismo día que el Senado ha aprobado definitivamente la reforma del Código Penal que deroga la sedición, rebaja la malversación y endurece el delito de desórdenes públicos, la alianza de los socialistas, los lilas y los republicanos que ha sido la base del acuerdo ha tenido la oportunidad de llevar al Parlament este consenso. Una moción de Junts ha querido señalar que la reforma "restringe el derecho fundamental de manifestación y reunión, genera más inseguridad jurídica, y otorga una gran arbitrariedad a los tribunales españoles". Una alerta compartida también por otros actores del independentismo como la CUP, la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, pero también entidades sociales y de derechos humanos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Sindicat de Llogateres, e incluso juristas.
Sin embargo, a pesar de la amplia denuncia, PSC, ERC y comuns se han mantenido hasta día de hoy firmes en defensa de la reforma, sin prácticamente ninguna alteración al texto inicial. El portavoz de Junts, Josep Rius, ha señalado que la modificación del Código Penal los preocupa "y mucho". También ha recordado que desde el PSOE y ERC se han compartido "discursos antagónicos" sobre los beneficios de la reforma de la sedición y la malversación. La óptica estatal es que tiene que permitir el retorno del presidente Carles Puigdemont, condenarlo y ponerlo prisión para poder dar la carpeta del procés por cerrada. Para ERC, es un avance para el procés hacia la independencia", ha evidenciado. Y los comuns no lo ven del todo claro, "pero la votan y aprueban igualmente".
En respuesta, la portavoz republicana, Marta Vilalta, ha tomado la palabra para evidenciar el posicionamiento de ERC. "Reiteramos la aprobación definitiva", ha sentenciado, recordando que se ha alcanzado derogar el delito de la sedición, una demanda compartida también por Junts y que ha ofrecido una "inexistente ayuda" para hacerlo posible. Y es que su intervención se ha convertido en una réplica contundente contra los exsocios del Govern que tan solo ha servido para evidenciar la distancia que separa los dos partidos. "Quizás Junts se ha instalado en el discurso fácil, en la no asunción de responsabilidades, y eso quizás lo llevará a la irrelevancia", ha lanzado Vilalta. Y ha aprovechado para reivindicar la estrategia del diálogo impulsada por los republicanos, que ha conseguido "hacer traquetear el régimen del 78", a pesar de lamentar que en este camino han estado "más en solitario" que habrían querido.
La disputa entre ERC y Junts ha sido evidente, también para el resto de diputados. Ferran Pedret, del PSC, ha dicho que ha habido "un intercambio de manos abiertas" porque la moción era un dardo dirigido esencialmente a los republicanos. Durante su intervención, el diputado de la CUP Xavier Pellicer ha querido señalar la hipocresía de los de Borràs y Turull para salir ahora en defensa de las movilizaciones sociales. "Nos pica y rasca y genera un profundo malestar. ¿Y la represión de la misma Generalitat?", ha dicho, recordando las acusaciones particulares contra los represaliados del procés y el veto en el mecanismo de control externo de los Mossos d'Esquadra. Por parte de David Cid, de los comuns, también se ha hurgado esta herida. "En la defensa de los derechos fundamentales y de manifestación, lecciones ni una. ¿Les defendía al conseller Puig con un bate de béisbol? ¿O el conseller Turull cuando decía que los activistas del 15-M tenían que ir a prisión? O el conseller Buch cuando reprimía las manifestaciones postsentencia?".
ERC, obligada a abstenerse por los represaliados
El punto de la moción más caliente, que censuraba los desórdenes públicos agravados y la reforma del Código Penal, ha caído después de recibir solo el apoyo de Junts y la CUP. PSC y comuns se han instalado en el 'no', mientras que ERC no se ha podido sumar porque la parte inicial del texto expresaba su "apoyo y solidaridad a todas las personas encausadas por la represión del Estado español contra el movimiento independentista", por lo cual ha acabado optando por la abstención. En cambio, sí que han prosperado gracias a la mayoría de ERC, Junts y la CUP dos puntos en que se defendía que aquellos que hicieron posible el referéndum del 1-O "no cometieron ningún delito sino que ejercieron un derecho fundamental", y en qué se instaba al Govern a tomar "todas las medidas necesarias para garantizar el derecho fundamental de manifestación y reunión" en Catalunya.