El unionismo quiere impedir que el president Carles Puigdemont pueda delegar su voto a partir del pleno de este jueves. De esta manera, Ciudadanos, el PSC y el PP han anunciado este martes al mediodía que presentarán una petición de reconsideración contra la decisión de la Mesa de la cámara, que ha tramitado la petición del líder de Jxcat.
"Hemos vuelto a ver cómo el presidente del Parlament ha vuelto a posicionarse en contra de lo que dicen los letrados, el Tribunal Constitucional y el sentido común", ha denunciado Inés Arrimadas desde el Parlament. Ha criticado que uno "fugado de la justicia" no puede tener el "privilegio" de delegar el voto. "Otra decisión errónea de la Mesa", ha lamentado.
Aunque los plazos ya corren, la líder de Ciudadanos ha dicho que su resolución que pide la comparecencia de Roger Torrent sigue vigente, porque el bloqueo sigue. En este sentido, ha cargado contra el presidente de la cámara, acusándolo de "esconderse detrás de la Mesa para no dar explicaciones a los catalanes". Sobre la decisión de la Fiscalía alemana de tramitar la petición de extradición se ha limitado a decir que "respetan las decisiones judiciales".
Por otra parte, Arrimadas ha anunciado que solicitarán la activación de la comisión de control de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales para que sus directivos "puedan rendir cuentas por lo que están haciendo".
PSC: "La Mesa se ha precipitado"
"Hoy este voto delegado no es posible", ha valorado la portavoz del PSC, Eva Granados. "No sólo lo dice mi grupo, sino también los letrados del Parlament", ha sostenido. En este sentido, ha anunciado que los socialistas también presentarán una petición de reconsideración. No ha querido avanzar si presentarán un recurso de amparo ante el TC si la reconsideración es tumbada.
"A diferencia de otros momentos, en los se han atendido las indicaciones de los letrados, hoy la Mesa se ha precipitado", ha lamentado Eva Granados. Ha sostenido que, en base a las medidas cautelares del Tribunal Constitucional, esta delegación de voto no es posible. "Sobre él todavía hay una orden de busca y captura", ha precisado.
Por otra parte, la portavoz socialista también ha dicho, sobre los CDR, que "nunca justificaremos actos violentos". "Actuar sobre bienes privados, quemar contenedores y cortar vías se aleja de la libertad de expresión y de la reivindicación pacífica", ha criticado. Ha rechazado cualquier "expresión de violencia", venga de donde venga. "La Fiscalia tiene que actuar si percibe que hay actuaciones violentas que sobrepasan la libertad de expresión", ha añadido, sin entrar en las diligencias por rebelión.
Finalmente, Granados también ha anunciado que pedirá votación separada de los tres diputados interventores, prevista para el próximo pleno. Lo hará porque el candidato de ERC es Lluís Salvadó. Votarán en contra por sus comentarios machistas, pero también porque está siendo investigado por malversación. Los diputados interventores son los encargados de controlar la ejecución del presupuesto de la cámara.
Albiol amenaza con el TC
Por su parte, el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha criticado este martes la decisión de la Mesa de aceptar la delegación de voto de Puigdemont y la ha calificado de "patada a la democracia". "No parece razonable ni serio que se autorice a un prófugo de la justicia a votar", ha dicho Albiol, porque todavía no se ha puesto a disposición de la justicia española y porque así lo estableció el Tribunal Constitucional (TC) y los letrados de la Cámara. Por ello, ha anunciado que el PP presentará una petición de reconsideración a la Mesa y, si no se acepta, llevarán el caso al TC por "vulneración de los derechos de los diputados".
Albiol ha sostenido que esta decisión de la Mesa, avalada gracias a JxCat y ERC, es "una nueva provocación, son ganas de seguir instalados en el conflicto y de poner el dedo en el ojo de la justicia", y ha criticado el presidente del Parlamento, Roger Torrent, porque, a su juicio, no actúa de manera neutral que le corresponde su cargo.
Asimismo, acusó a los partidos independentistas "de provocar el choque con el Estado y con el Gobierno español de manera semanal", en lugar de buscar una solución a la situación de bloqueo de la política catalana.