La petición de ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de celebrar un pleno extraordinario para abordar una eventual ley de amnistía —que todavía no se ha cerrado definitivamente ni hecho efectiva en el Legislativo— para emitir un comunicado conjunto en rechazo de esta medida, ha causado "conmoción" al resto de los vocales, la rama progresista, que ven la ofensiva derechista como "una incitación a la revuelta y a un golpe de estado de los jueces", al considerar que los magistrados y juristas en el cargo a propuesta del PP tratan de "intervenir abiertamente en política".
Fuentes jurídicas han argumentado en EFE este jueves que se trata de "un paso sin precedentes" por parte de vocales del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces, que han impulsado "una iniciativa de extrema gravedad", "inadecuada" y "abiertamente fuera de lugar" que "atenta contra la separación de poderes", al buscar condicionar la actividad constitucional de los poderes Ejecutivo y Legislativo, antes de que se haya ni siquiera aprobado la hipotética ley que queremos tumbar y sin conocer el texto.
Este jueves, los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez, José María Macías, Nuria Díaz y Ángeles Carmona, los ocho con el mandato caducado y en el cargo a propuesta del Partido Popular (PP), han registrado la petición de reunión extraordinaria al presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, que previsiblemente convocará este pleno para el próximo lunes, según ha adelantado Europa Press. Con este pleno extraordinario, la rama derechista quiere abordar la amnistía, que consideran una medida de abolición del Estado de derecho, que violenta la Constitución y "convierte la Justicia en una quimera", según afirman en el texto que se hizo público este miércoles.
"Golpe de Estado de las togas" para "interferir en la investidura"
Según las fuentes progresistas del CGPJ, esta iniciativa de la rama derechista "es el preámbulo para incitar el golpe de estado de las togas" a partir de unos vocales que actúan como "pseudogolpistas" y "dique de resistencia ante la democracia" con una "injerencia intolerable" en la política. "Estamos conmocionados, porque eso es brutal, de una gravedad sin precedentes, impropio de esta institución", añade otro vocal, que cree que los conservadores "han entrado abiertamente a la política" como la "resistencia". Y qué mejor forma, añade, que "buscando interferir en la investidura de Pedro Sánchez". Y todo eso, coinciden las fuentes consultadas, a partir de una propuesta "cero institucional" que parece "imposible de discutir" porque no tiene precedentes en el CGPJ, porque es "inadecuado el contenido, el tono y el procedimiento", aunque ya han conseguido lo que buscaban que es "ser portada en un día festivo".
Pleno extraordinario el lunes, sin recorrido
La pelota está ahora en el tejado del presidente, Vicente Guilarte, que pretende convocar el pleno el lunes que viene a las 19.00 horas, si bien algunos vocales se plantean hacer un boicot para evitar que haya cuórum mínimo para su celebración, eso es diez vocales más el presidente, aunque no hay consenso todavía para este escenario. Ahora bien, las fuentes ven "imposible" que esta iniciativa salga adelante. No creen que los ocho conservadores llegaran a sumar ningún apoyo, y menos del presidente que "tiene que guardar la posición institucional" del Consejo.
Jueces por la Democracia se suma a las críticas
Por otra parte, el coordinador de Jueces por la Democracia en Catalunya, Carlos Pascual, considera que los ocho vocales del Consejo Superior del Poder Judicial que han firmado una declaración contra la amnistía se están "extralimitando" porque "están interviniendo en el debate político". Lo ha dicho en una entrevista en RAC1 en la que ha criticado que se posicionen en contra de una ley que todavía no está redactada: "Es poco riguroso y poco adecuado, para una alta institución del Estado, posicionarse sobre un proyecto que está en el aire y que todavía no existe", ha lanzado. Ha defendido el trabajo de los 5.000 jueces y juezas que hay en la judicatura y ha avisado de que el hecho de que el órgano que los representa se posicione políticamente afecta "al trabajo y a la imagen de la justicia".