Los 17 miembros del Gobierno procesados por malversación en el juzgado 13 de Barcelona por su participación en la organización del 1-O han recurrido la fianza de 5,8 millones que los impuso la jueza por el dinero presuntamente malversado en el referéndum, alegando que esta cantidad supera la cifra que se exige a los presos políticos y líderes independentistas en el Tribunal Supremo.

Según han informado en Efe fuentes jurídicas, la mayoría de imputados por el referéndum han recurrido su procesamiento ante la jueza, que entre mañana y viernes que viene ha citado la treintena de investigados para notificarlos los delitos de que los acusa - malversación, prevaricación, desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos - y darles la oportunidad de volver a declarar.

Concretamente, este viernes están citados delante de la instructora los 15 primeros procesados, entre los cuales figuran el exsecretario de Difusión de la Generalitat Antoni Molons, el ex-secretario general de Presidencia Joaquim Nin o el exdirector de la delegación del gobierno catalán delante de la Unión Europea Andreu Altafaj.

Trece de los procesados están acusados de un delito de malversación por los fondos públicos que presuntamente se destinaron al referéndum del 1-O, que la jueza instructora cifra en su acto en un total de 4,3 millones, por lo cual los pide paguen de manera solidaria una fianza de 5,8 millones para asegurar la cantidad supuestamente desviada.

En varios recursos, en los cuales ha tenido acceso Efe, los procesados por malversación argumentan que, en la causa contra los líderes independentistas procesados por rebelión, el Tribunal Supremo ya fijó en 2,1 millones la cantidad supuestamente desviada para el 1-O, y advierten que no está justificado "asegurar por partida doble" una responsabilidad civil por los mismos hechos.

En cualquier caso, las defensas alegan que "si en alguno de los dos procedimientos la cantidad a asegurar fuera más elevada, tendría que estar en aquel que se sigue contra quien supuestamente tuvo más relevancia en el diseño, control, y ejecución" del 1-O, dado que los imputados por el juzgado 13 de Barcelona no dejan de ser cargos medios del "supuesto entramado delictivo".

Otras partidas que el juez incluye en el delito de malversación son 268.374 euros para impulsar al voluntariado vinculado al 1-O, 3.050 euros para el diseño de páginas web y 83.880 euros en propaganda y cartelería.