La última declaración a dos de los seis CDR acusados de terrorismo en el marco de la Operación Judas se ha aplazado por problemas técnicos. La Audiencia Nacional ha sido incapaz de conectar con los Juzgados Nous de Mollet del Vallès ya que no le ha funcionado el sistema de videconferència que había previsto.
Los que quedaban para declarar, a Rafa López y Sònia Pascual, han llegado a la sala pero se les ha pedido que vuelvan otro día, todavía pendiente de concretar. La cita ha reunido a decenas de concentrados que han dado muestras de apoyo a los detenidos el 23S.
¡⚠️ ATENCIÓN!
— Detingudes23S (@Detingudes23S) July 6, 2020
���� La Audiencia Nacional no está preparada para hacer la videoconferencia y se ha suspendido la declaración.
Imaginamos que emplazarán la @Calamarssa y en @RafaDelopez por|para otro día después de hacerles perder el tiempo un lunes por la mañana.
¡Gracias a todas las que habéis venido! pic.twitter.com/oP91o0PkxV
Desde el colectivo de abogados que lleva la defensa de los CDR, Alerta Solidària, ha denunciado la mala gestión: "La Audiencia Nacional es incapaz de conectar con los juzgados de Mollet. Sònia y Rafel tendrán que volver a perder otra mañana en esta farsa de procedimiento judicial". Y da el agradecimiento a los manifestantes: "Gracias a todas las personas que han venido a darles apoyo".
🖥️✂️🖥️... La Audiencia Nacional es incapaz de conectar con los juzgados de Mollet.
— Alerta Solidaria (@AlertaSolidaria) July 6, 2020
Sònia y Rafel tendrán que volver a perder otra mañana en esta farsa de procedimiento judicial
Gracias a todas las personas que han venido a darles suport!@Detingudes23S #OperacioJudes pic.twitter.com/dQWETbQNlx
La penúltima declaración por este caso fue el pasado 30 de junio. Entonces, el juez de la Audiencia Nacional dejó en libertad con cargos, y sin medidas cautelares, a los cuatro acusados. Todos ellos, declararon por videoconferencia desde los juzgados de Sabadell y Mollet del Vallès.
El sumario de los CDR detenidos el 23 de septiembre del 2019 apunta a un supuesto asalto al Parlamento de Catalunya, donde el president Quim Torra se tendría que quedar cerrado, encargado por el mismo departamento de presidencia, aunque después también dice que el ideólogo sería un supuesto CNI catalán. La Guardia Civil los acusa de organización criminal.