Imagen poco habitual en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular ha conseguido reunir un consenso casi inaudito a derecha e izquierda para que su proposición de ley para introducir deducciones fiscales de 600 euros anuales en el IRPF a las personas celíacas supere su primer examen parlamentario. Y ha rozado la unanimidad. Ha recibido luz verde por 338 votos a favor, tres votos en contra y cuatro abstenciones de Podemos. El apoyo de los socialistas no estaba garantizado: al mediodía, fuentes del PSOE anticipaban que se opondrían, pero durante el debate han anunciado su apoyo. Y este cambio de postura es la que podría explicar que los tres diputados del PSOE y de Sumar que han votado previamente de forma telemática hayan pulsado el botón rojo. Desde las filas del PP creen que el PSOE ha cambiado de opinión para evitar una nueva derrota parlamentaria. La norma también quiere crear un Registro Estatal de Pacientes con Enfermedad Celiaca de naturaleza administrativa para “proporcionar información epidemiológica sobre la incidencia y prevalencia” de la enfermedad, “facilitar información para orientar la planificación y gestión sanitaria y la evaluación de las actividades asistenciales” y facilitar el listado oficial de personas con derecho a la deducción.

La votación que ha tenido lugar hoy, con 338 votos a favor, tres votos en contra (equivocaciones de dos diputados del PSOE y uno de Sumar) y cuatro abstenciones (de Podemos), no conlleva su aprobación automática ni su entrada en vigor. Es un primer paso (imprescindible, pero no definitivo). A partir de aquí, la norma empieza su tramitación, en la que los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas para retocar, perfilar y mejorar el texto. A pesar del amplio apoyo que ha recibido hoy, el PSOE y Sumar, que controlan los tiempos del Congreso, podrán prorrogar sine die el plazo de enmiendas para congelar o bloquear la ley. De hecho, esta es la tónica habitual de esta legislatura para impedir que se dé luz verde a leyes que no provienen del Gobierno. Otro camino sería que la Moncloa o los socialistas impulsaran su propia iniciativa, como pasó con la Ley ELA.

Durante el debate, que representantes de la Federación de Asociaciones de Celiaquía han testimoniado desde la tribuna, el PSOE ha verbalizado sus reticencias sobre la propuesta del PP: “Vienen aquí con una proposición que, bajo la apariencia de solidaridad, responde a un planteamiento profundamente injusto y regresivo”, ha lanzado Isabel Iniesta a los populares. La diputada socialista ha desaprobado que la deducción sea “idéntica para todos” y no tenga en cuenta ni el nivel de renta, ni las “circunstancias familiares”, ni que “hay muchas familias que no realizan la declaración de la renta por no llegar a los mínimos”. “Eso no es justicia social, eso es oportunismo fiscal y desigualdad disfrazada igualdad”, ha reprobado. Los socialistas defienden que las ayudas “deben ser progresivas y vinculadas a la renta” para garantizar “llegue más apoyo a quien más lo necesita”. Eso sí, el PSO ha votado a favor de la toma en consideración de la proposición de ley para demostrar que su compromiso con los celíacos es “firme” y para “no dejar de lado a las personas celíacas ni a sus familias”.

ERC reclama hacer la ley “prácticamente nueva” porque el texto del PP es “un poco decepcionante” y “da un poco de risa”

En nombre de ERC, Etna Estrems ha celebrado la iniciativa, pero ha denunciado que se queda corta y ha apelado a mejorarla durante la tramitación. “Por una vez que el PP hace uso de su cupo para una cosa que no está mal, lo que haremos es dejar pasar esta toma en consideración, trabajar en las enmiendas, no para mejorar la ley, sino prácticamente para hacerla nueva”, ha justificado. “Nos aprovecharemos un poco de que ustedes traen esta ley aquí, que nosotros nunca habríamos podido permitirnos traer”, ha añadido. Ahora bien, ha criticado que la norma, que solo tiene tres páginas, “se queda básicamente en el titular” y no es suficiente. “Son 50 euros al mes. Está bien, pero tampoco es una fortuna. [...] Puede parecer generoso, pero en realidad no llega a la cobertura del sobrecoste que tiene el tratamiento de una persona celíaca, que es justamente su alimentación, y aún menos resuelve otros problemas que el colectivo sí que pide”, ha lamentado. “Lo que presentan puede resultar un poco decepcionante y da un poco de risa”, ha apostillado.

Asimismo, ha puesto sobre la mesa las demandas de la Associació de Celíacs de Catalunya, que reclama que la dieta sin gluten “sea reconocida como tratamiento y esté garantizada” dentro del Sistema Nacional de Salud (igual que la insulina y los inhaladores) y que se garanticen menús sin gluten en escuelas, residencias y centros públicos. Además, apuestan por impulsar una “formación obligatoria a los profesionales sanitarios y campañas de sensibilización”, establecer un “protocolo único y actualizado” del diagnóstico “trabajado conjuntamente con las comunidades sin invadir competencias” para garantizar un “diagnóstico rápido y correcto” y reforzar la búsqueda y la investigación con “unidades especializadas dentro del sistema público”.

Junts exige crear un registro de celíacos propio de cada comunidad autónoma

Por parte de Junts, Pilar Calvo ha recordado que la celiaquía es una enfermedad que “genera exclusión e impacto psicológico” y ha recalcado que hay estudios que “señalan un mayor riesgo de depresión”. Sobre la ley del PP, ha desaprobado que el texto “contiene puntos que invaden competencias”, como la creación de un registro de pacientes centralizado. “Debe ser de cada comunidad autónoma. […] La planificación sanitaria, se lo tenemos que recordar, es autonómica”, ha subrayado. “Y esto no debe impedir la cooperación entre comunidades autónomas y el gobierno central para encontrarle utilidad epidemiológica a los datos”, ha añadido.

Y ha emplazado al resto de partidos a perfeccionar la ley durante la tramitación: “Quizás se debería estudiar bien si a través del IRPF se debe retornar a los celíacos buena parte del sobrecoste anual que tienen para poder comprar alimentos sin gluten. Pero, en cualquier caso, esto lo podremos discutir en el periodo de enmiendas siempre que el Gobierno no dé orden de dejar esta proposición de ley en el cajón”.