La defensa de los cuatro líderes independentistas de ERC que fueron encarcelados, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Raül Romeva y Dolors Bassa, han presentado la recusación del expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes en la sala tercera del Tribunal Supremo, encargada de la revisión de los indultos, según ha informado el partido republicano este lunes. Los republicanos consideran que tienen "muchos argumentos" para defender que Lesmes está "contaminado" y "no tendría que participar de esta decisión". Por eso, piden la recusación por falta de imparcialidad y porque hay interés directo entre el magistrado y la causa (artículo 219 LOPJ). La defensa también sostiene que Lesmes "carece de apariencia de imparcialidad", según los criterios el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
A finales de noviembre pasado, Lesmes al dejar su responsabilidad gubernativa, volvió a la sala 3 del contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, y en concreto a la sección 5.ª, que de forma excepcional reabrió el caso de los indultos al admitir a los partidos políticos como aparte del procedimiento. Lesmes, además, ha participado ya en la resolución de un trámite en la causa de los indultos, hecho que ha encendido las alarmas en los presos políticos catalanes por si, finalmente, también formará parte de la sección que resolverá los recursos contra los indultos parciales que el gobierno del PSOE les concedió en verano del 2021, al condonarles el castigo de prisión pero no el de inhabilitación a cargo público.
Las polémicas declaraciones de Lesmes
En concreto, el equipo legal de ERC señala las declaraciones de Lesmes en el Foro de Justicia del Colegio de Abogados de Madrid en 2021: Al ser preguntado por la cuestión, el magistrado aseguró que los indultos eran “difíciles de aceptar”. Además, en la apertura del año judicial 2022-2023, el entonces presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo se pronunció en defensa de la actuación de los magistrados y magistradas del Supremo, y en contra de la “desjudicialización”. Ambas declaraciones suponen, según los republicanos, un claro pronunciamiento en contra de los indultos, el cual coincide en buena parte con las tesis defendidas por los recurrentes. Su imparcialidad, dicen, queda “irremediablemente comprometida”.
La defensa de los políticos de ERC informa que también ha aportado un informe desfavorable del Supremo contra los indultos dirigido al Ministerio de Justicia, el cual fue tramitado por Carlos Lesmes en calidad de presidente del alto tribunal. Según los republicanos, “esto demuestra que el magistrado ha participado directamente del objeto del recurso en el ejercicio de un cargo público, cosa que también es causa de recusación”.
Lesmes renunció al cargo de presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo el pasado 10 de octubre con la intención de forzar al PSOE y al PP a desencallar la renovación de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, que continúa encallada. Después de esta renuncia, Lesmes ha sido incorporado a la sección quinta del Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, encargada de resolver los recursos contra los indultos de los líderes independentistas.
Son indultos "frágiles", según ERC
ERC afirma que hace tiempo que advierten de la “fragilidad” de los indultos, que son, según se hicieron efectivos, “parciales y revisables”. Los indultos están en revisión después de que el Tribunal Supremo admitiera a trámite el recurso contencioso presentado por el PP, Cs, parlamentarios, y Vox, así como el exdelegado del gobierno español en Cataluña el 2017, Enric Millo, el cual aseguró que se sentía afectado por la persecución sufrida por el 1-O. El testigo de Millo fue polémico en el juicio al Tribunal Supremo, y se le ridiculizó cuando aseguró que "se echaba fairy" al suelo para que resbalaran los agentes que iban a parar las votaciones en los centros. Lo cierto es que el mediodía del 1-O del 2017, en su comparecencia oficial, pidió disculpas por las cargas policiales. Todos los políticos del PP se sacudieron responsabilidades sobre quienes había ordenado la actuación policial en Cataluña el día del Referéndum de Autodeterminación. Y las investigaciones judiciales sobre las cargas policiales se limita a agentes y cargos policiales intermedios.