Todos los presidents de la Generalitat y del Parlament, Carles Puigdemont, Artur Mas, Jordi Pujol, José Montilla, Pasqual Maragall, Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert, han firmado un comunicado impulsado por el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, donde piden la libertad de los presos políticos durante el juicio del 1-O en el Supremo.
De hecho, los presidents se dirigen a las defensas de los acusados en el juicio del 1-O para que incluyan en sus escritos una apelación a las autoridades competentes que garantice el derecho de defensa de las personas que serán juzgadas por la causa del procés.
Concretamente, los presidentes piden que se consideren medidas alternativas a la privación de libertad en centro penitenciario de las personas que actualmente se sufren la prisión preventiva durante la celebración del juicio en el Tribunal Supremo.
El comunicado también argumenta que la prisión preventiva tiene unas causas tasadas en el ordenamiento jurídico español que no siempre se interpretan en sus justos límites, hecho que la convierte en una pena anticipada. "Es un problema generalizado del sistema penal que vulnera el derecho a la libertad individual y el derecho a la presunción de inocencia; contribuye, además, a la saturación los centros penitenciarios, y, finalmente, puede entorpecer el derecho de defensa", aseguran en el texto.
Con respecto al derecho de defensa, el texto enviado al Tribunal Supremo destaca que es un derecho fundamental en un estado de derecho democrático y "cualquier persona acusada tiene que poder disponer de medios adecuados para ejercer este derecho de manera efectiva", así como las condiciones materiales adecuadas, muy en especial durante la celebración del juicio oral. además, el comunicado también recuerda que Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha manifestado ya en varias ocasiones.
Ante el aviso del traslado de los presos en las prisiones de Madrid, el comunicado constata que cualquiera de los centros es además de una hora de distancia de la sede de la Audiencia Nacional y de sus calabozos, donde tendrán que ser transferidas en vehículos policiales de custodia antes de acudir cada día a la sala de vistas del Tribunal Supremo.
Finalmente, todos los presidentes aseguran que "si se mantiene la situación de privación de libertad de estas personas se producirán largos traslados al lugar de las vistas desde y hacia el centro penitenciario y su permanencia en dependencias judiciales ajenas al Tribunal Supremo" y que todo eso puede dificultar el contacto continuo de los presos con sus abogados y limitar su participación en su propia defensa. También se apunta que los traslados diarios se pueden alargar durante unos cuantos meses "lo cual significa una penosidad innecesaria añadida en las finalidades de la prisión provisional".