Desde el pasado 24 de diciembre, sólo los médicos pueden prescribir medicamentos en el Estado. Así lo decidió el Gobierno al publicar en el BOE el real decreto 954/2015 de Prescripción Enfermera, que regula "la indicación, utilización y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de utilización humana" por parte de los enfermeros.

Después de que el BOE saliera a la luz, los médicos son los únicos autorizados para prescribir medicamentos y, por ello los sindicatos hacen un llamamiento constante a los enfermeros para que el médico les deje constancia escrita de todo aquello que receta al paciente.

El resultado és que "actualmente el colectivo de enfermería no puede aceptar ninguna prescripción verbal ni tener ninguna iniciativa", como explica el sindicato de enfermería Satse, acogiéndose, así a la normativa y “perdiendo la autonomía”.

En consecuencia, "dejan de estar acreditados" y, por lo tanto, tampoco pueden hacer uso de medicamentos que no necesiten prescripción médica, sin el permiso de un médico.

Subordinación al médico

Hasta ahora, los y las enfermeras tenían las competencias para prescribir o suministrar algunos tipos de medicamentos, vacunas o pomadas, como por ejemplo aspirinas, o poner apósitos. La nueva ley, sin embargo, ha comportado que el médico tenga que validar el protocolo y, después, el ministerio de Sanidad.

Así lo ha explicado a El Nacional la delegada de Satse en Catalunya y secretaria del comité de empresa del Parc Salut Mar, Prisca Gilabert, que ha añadido que "aunque se sabía que había ciertas pautas, la enfermera controla el dolor del paciente y podía escoger darle una cantidad u otra".

Gilabert ha cargado contra la nueva ley lamentándose de que esta situación "es como volver años atrás al considerar a la enfermera como la subordinada del médico". Ellos y ellas tienen claro que no pueden recetar un antibiótico pero, como explicaba una enfermera que cuida a personas mayores y normalmente les ponía pomadas, ahora ya no lo puede hacer dentro de la legalidad. "Nos atan las manos en los cuidados básicos", se ha lamentado.

Situación ilegal

"Precaución". Este es el mensaje que tanto el sindicato Satse como el consejo general de Colegios Oficiales de Enfermería de España quieren transmitir a los profesionales de este ámbito sanitario porque, en caso de que algún paciente denunciara alguna circunstancia, "estamos en una situación ilegal".

Eso sí, en una tesitura de vida o muerte, la enfermera puede "cometer esta ilegalidad" siempre que esté pautada por el médico a posteriori.

La cuestion es que, según Satse, un día antes de aprobar el texto, el consejo de ministros “alteró la redacción” de forma que ahora “contradice la regulación legal de la participación de las enfermeras en la prescripción de medicamentos y productos sanitarios”, cuando se les permitía hacerlo hasta día de hoy.

Este es el motivo por el cual el ejecutivo estatal "pospuso la publicación al BOE hasta después de las elecciones del 20D", denuncia el sindicato. A todo ello, además, se le suma "el apoyo" de los colegios de médicos, que "están presionando para sacarnos competencias".

¿Afecta a los pacientes?

Esta situación “va más en detrimento del paciente y del sistema sanitario” porque, al mismo tiempo, “se infravalora al profesional y se otorgan competencias al estamento médico, cuando somos los enfermeros los que mejor conocemos la evolución del paciente”. Así ha mostrado su desacuerdo una enfermera del Hospital del Mar, que ha explicado que el real decreto “vulnera totalmente la autonomía de la enfermera”.

Pone como ejemplo que ello perjudica a los pacientes por el hecho que “antes una enfermera realizaba una cura aplicando una pomada antibiótica o un apósito con autonomía absoluta, i ahora se tiene que hacer pasar al paciente antes por el médico para que realice la prescripción”.

Medidas institucionales

En septiembre, el Govern acordó aumentar las competencias de los profesionales de este ámbito sanitario y brindarles más autonomía sobre la toma de decisiones.

Dos meses más tarde una vez el real decreto vio la luz, el ejecutivo catalán optó por presentar a principios de febrero un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo al considerar que "limita" la capacidad de este colectivo. Así lo anunció la portavoz del Govern, Neus Munté. “Pedimos su suspensión cautelar porque claramente contraviene” el ejercicio de los enfermeros, indicó.

La portavoz del PSC en el Parlament, Assumpta Escarp, también "urgió" este jueves al Govern para que se cree una "regulación propia" para Catalunya. Así, aseguró, "podrán desarrollar su profesión que, en el fondo, es la mejor de cuidado de la salud".

Eso ya lo pidieron en enero más de 50 entidades vinculadas a la enfermería, que presentaron un manifiesto en la conselleria de Salut con el objetivo de exigir una regulación propia. Además, muchas comunidades autónomas están tomando cartas en el asunto, como Aragón, que también interpondrá un recurso.

Desde el sindicato, se ha criticado el real decreto y se ha presionado a las instituciones "para que muevan ficha". El problema con que se encuentran es que estan "intentando ver qué soluciones hay, porque todas van en contra de la ley".