Era una demanda histórica de las personas con discapacidad: que la Constitución española dejara de llamarlos "disminuidos", como lo hace en estos momentos. El Gobierno decidió recoger el guante y plantear una reforma del artículo 49. Pero la derecha y la extrema derecha se han conjurado para hacerlo imposible, si no hay ningún giro de guion. Tanto el PP como Vox habían presentado enmiendas a la totalidad. No han prosperado, pero una reforma constitucional tiene que ser aprobada por tres quintos del Congreso y el Senado. Es decir, 210 diputados, donde son necesarios los de populares o ultras.

La mayoría del hemiciclo —excepto PP y Vox- celebrará hoy cómo se rechazan las enmiendas a la totalidad. Sobre el papel, la reforma sigue adelante habiendo superado el debate a la totalidad. Pero ahora se tendrá que abordar en ponencia, en comisión y en el pleno, donde sí que serán imprescindibles los 210 diputados.

Preparada inicialmente por la exvicepresidenta Carmen Calvo, el encargado de defenderla en el debate a la totalidad ha sido el actual titular de Presidencia, Félix Bolaños, que ha sostenido que "refuerza nuestra democracia". El ministro socialista ha justificado que, si bien en su momento fue un "gran avance", hoy el artículo 49 "no está en línea con la evolución del concepto de discapacidad". Ha subrayado como la propuesta del Gobierno ha recibido el apoyo del CERMI, el Comité español de representantes de personas con discapacidad. Y ha concluido dirigiéndose a la oposición, especialmente a la bancada derecha y ultra: "No concibo que esta reforma no se apruebe con una mayoría amplísima, casi unánime, de esta cámara. No se me ocurre ni un solo motivo para votar en contra. Es nuestra obligación, es su obligación".

Por una parte, la reforma sustituye el término "disminuidos" por "personas con discapacidad". Pero también plantea, según ha explicado Bolaños, una reforma del redactado con cuatro apartados. Por una parte, para recoger que "son titulares de derechos y deberes sin que pueda producirse discriminación", así como incluir la participación de las organizaciones representantes en las políticas que los afectan. Por la otra, el nuevo redactado también "menciona las necesidades especiales de las mujeres y las niñas con discapacidad", con una protección reforzada.

¿Qué argumentan el PP y Vox?

En nombre de la extrema derecha ha defendido la enmienda a la totalidad Macarena Olona, que ha ido más allá de la cuestión que se debatía en el hemiciclo. La portavoz de Vox en el Congreso ha asegurado que podrán tener legitimidad política y legal, pero que "ni el actual gobierno ni esta cámara tienen la legitimidad moral necesaria para abordar un debate de reforma constitucional". La diputada ultra les ha instado a "respetar primero la Constitución española".

La diputada del PP, Isabel Rodríguez, no ha esgrimido argumentos tan grandilocuentes como la "legitimidad moral". La parlamentaria conservadora se ha limitado a decir que la reforma se ha planteado sin consenso, cuando el año 77 "la Constitución se hizo con consenso". Por otra parte, Borrego ha sostenido que España ha avanzado "sustancialmente" durante estos años en materia de discapacidad y que "este terminología (disminuidos) no nos ha impedido seguir trabajando".