El Partido Popular ha anunciado este lunes que presentará un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) del País Valencià contra el Decreto de usos lingüísticos administrativos e institucionales de las lenguas oficiales de la Generalitat Valenciana, que entrará en vigor en noviembre y establece el valenciano como lengua preferente.
En rueda de prensa, la portavoz de Justicia del PP valenciano María José Ferrer San-Segundo y el presidente del grupo parlamentario en las Corts Valencianes, Jorge Bellver, han hecho este anuncio, considerando que en el decreto hay 13 artículos que "excluyen" el castellano. Los populares han presentado un escrito de interposición pidiendo medidas cautelares y han advertido que el decreto no prevé la inseguridad jurídica que generarán problemas como la nulidad de los actos administrativos o la privación de derechos a los funcionarios y ciudadanos que no dominen el catalán.
Bellver ha indicado que después de presentar una serie de observaciones a la dirección general de Política Lingüística "el Consejo no nos hizo caso y eso nos obliga a interponer recurso y pedir la suspensión cautelar". El presidente del grupo popular ha añadido que el valenciano "es una de las señales de identidad más importantes pero se defiende con la formación y no con la imposición".
"Se margina al castellano"
Asimismo, ha incidido que en 13 de los 27 artículos del decreto "se margina al castellano" porque en notificaciones, procedimientos administrativos y comunicaciones de la administración con el ciudadano el catalán tiene que ser preferente. "¿Cuando alguien pida que esté en castellano, se paraliza el proceso?", se ha preguntado.
Por su parte, la portavoz de Justicia, Ferrer San-Segundo, ha indicado que con el recurso interpuesto se producirá una entrega del expediente y en aquel momento el PP formalizará con más profundidad las alegaciones. La diputada ha considerado que el decreto "parte del hecho de que todas las personas que residen y trabajan en la Comunidad Valenciana tienen un nivel óptimo de valenciano y no es así". En este sentido, ha dicho que la Constitución y el Estatut "garantizan el derecho a no ser discriminados por motivo de lengua".
Ferrer San-Segundo ha explicado que el decreto "puede tener efectos a nivel económico como contrataciones, embalaje o etiquetados", y también habla "de notificaciones exclusivamente en valenciano entre administraciones, como Justicia, lo que puede provocar retrasos". En este sentido, ha alertado de que "puede acabar dictando la nulidad de los actos de la administración si se determina que hay partes del decreto nulas".