"Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos". Este es el artículo 49 de la Constitución española que el gobierno de Pedro Sánchez quiere reformar a fin de que desaparezca el término disminuidos, muy común el año 1978, cuando se redactó el texto, pero que en el siglo XXI se ha quedado desfasado y resulta ofensivo. La palabra en cuestión se sustituiría por el concepto "personas con discapacidad", mucho más actual, aunque algunos sectores también lo ponen en duda y optan por conceptos como "diversidad funcional". La primera vez que el Gobierno lo planteó fue mayo del 2021, cuando el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de reforma del artículo, que hace referencia a la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad a España. Ahora, más de un año y medio más tarde, el PP ha dado un paso adelante y ha aceptado reunirse con el Gobierno, en un momento en que las relaciones no son muy fluidas, para reformar de una vez por todas el texto y eliminar definitivamente este término.

Según informa Efe, esta reunión tendrá lugar la pròxima semana, después de que el ministro de Presidencia se pusiera en contacto con los populares este lunes con el fin de acelerar una reforma que consideran muy necesaria. El mes de junio, Alberto Núñez Feijóo se reunió con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), con quien se comprometió a impulsar esta reforma. En un tuit después del encuentro, el líder del PP defendía el siguiente: "Ninguna persona está disminuida; tenemos que eliminar tan pronto como sea posible este término de la Constitución y trabajar seriamente para una integración real de las personas con discapacidad, empezando por facilitar su incorporación al mercado laboral". Con todo, esta reunión entre su partido y el Gobierno no ha llegado hasta medio año más tarde.

El PP bloqueó la reforma con enmiendas a la totalidad

Este compromiso que manifestaba semillas Feijóo choca con el hecho que tanto el PP como Vox presentaron enmiendas a la totalidad del proyecto de ley para reformar la Constitución, que empezó en septiembre del 2021. Estas no prosperaron, pero el texto quedó bloqueado. Entonces, la portavoz parlamentaría, Cuca Gamarra, justificó su rechazo por las alianzas del Gobierno con partidos como ERC o EH Bildu. Según ellos, "la apertura en canal" de la Constitución supone "un riesgo que no se ha mirado lo suficiente", por la dependencia del Ejecutivo de partidos independentistas, una situación que, hoy en día, consideran que todavía se mantiene.

Con todo, el PP ahora reclama que el cambio de términos tenga un informe favorable del Consejo de Estado y garantías porque la modificación es límite a este término, "sin que ninguna fuerza política utilice la discapacidad para intentar una reforma de otros preceptos constitucionales que ni responde al interés general ni esté justificada en estos momentos". Según el PP, existe este riesgo en las enmiendas que se han presentado por partidos como el PNV, que ha aprovechado la ocasión para extender esta reforma en otros ámbitos, totalmente alejados de la defensa de las personas con discapacidad, como el derecho a decidir en el País Vasco.