El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha aprovechado la reforma de la Constitución que se está tramitando en el Congreso de los Diputados para cambiar la palabra "disminuidos" por la de "personas con discapacidad" para presentar enmiendas en relación con otras cuestiones. Han propuesto incluir el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo vasco, limitar la inviolabilidad del Rey, suprimir el artículo 155 y quitar a las Fuerzas Armadas su función de mantener la integridad territorial. Por otra parte, Junts per Catalunya ha aprovechado para presentar enmiendas para expulsar del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a los vocales con el mandato caducado, impedir al Tribunal Constitucional que cuestione la autonomía de los parlamentos y sacar al Tribunal de Cuentas la competencia de enjuiciamiento.
El proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución fue impulsado por la exvicepresidenta Carmen Calvo para suprimir de la Carta Magna el término "disminuido" y sustituirlo por el de "persona con discapacidad", una reivindicación histórica de las asociaciones de personas con situación de discapacidad. El proyecto quedó bloqueado en septiembre del 2021, pero este martes se reactivó. Aprovechando la ocasión, PNV y Junts han decidido presentar enmiendas para modificar otras cuestiones del texto.
El PNV pide que se reconozca el "derecho a decidir"
El portavoz del grupo vasco, Aitor Esteban, ha firmado 11 enmiendas. Una de ellas plantea retocar el artículo 2 y suprimir la parte donde dice que "la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles" y además, incluir que se reconozca el derecho a la autonomía de las "naciones" en vez de "nacionalidades". También sugieren la incorporación de una nueva disposición adicional que reconozca el derecho a decidir del pueblo vasco. Proponen el siguiente texto: "La plena realización de los Derechos Históricos del pueblo vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su
ciudadanía, libre y democráticamente representada, siendo su ejercicio pactado con el Estado".
Esta es, según explican, la fórmula que ponen sobre la mesa para una "articulación amable y duradera de la realidad vasca en el conjunto del Estado", desde el convencimiento de que "el marco constitucional no puede ni tiene que ser concebido como un cercado jurídico que limite la expresión democrática y anule la voluntad libremente expresada por la ciudadanía vasca".
Entre las otras enmiendas que han presentado los vascos está la supresión del artículo 155 y poner una condición a la inviolabilidad del Rey para que no esté sujeto a responsabilidad "cuando sus actos tengan relación con las funciones institucionales de la Jefatura del Estado". Asimismo, también apuestan por suprimir la potestad de las Fuerzas Armadas de defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional de España, ya que, argumentan que ambas cosas se pueden tutelar a través de los tribunales.
Junts quiere evitar la injerencia del TC en los Parlamentos
Por otra parte, Junts ha propuesto tres enmiendas para hacer cambios en la justicia. En el contexto de la crisis institucional por el bloqueo del TC a la propuesta del ejecutivo español de modificar las normas para renovar el TC y el CGPJ, Junts ha sugerido incluir en la Constitución la prohibición de que el TC remita "mandatos en ejecución de sus resoluciones a los parlamentarios estatales o autonómicos". Así, Junts quiere garantizar a la Constitución "el principio de inviolabilidad parlamentaria" y asegurar que la jurisdicción del TC no condicione el funcionamiento de ninguna cámara legislativa.
Otra de las enmiendas del partido independentista es añadir un apartado a la Carta Magna que establezca que los vocales del CGPJ que finalicen el mandato de cinco años dejen de ejercer todas las funciones. En caso de que no sean relevados por ningún magistrado nuevo, solo se mantendrían "tres de los miembros salientes" para desarrollar "las funciones estrictamente administrativas y sancionadoras" del Consejo, sin poder hacer ningún nombramiento ni opinar sobre anteproyectos del Gobierno. Finalmente, ha propuesto dos enmiendas más, una para retirar al Tribunal de Cuentas la competencia de enjuiciamiento y otra para permitir que se pueda tramitar una Ley de Amnistía.