Escasas 24 horas habían pasado desde que la Guardia Civil entraba en departamentos de la Generalitat por la mañana, registrando cada cajón del edificio y deteniendo hasta dieciséis miembros del Govern, provocando así una ola de movilizaciones en Catalunya, que los Mossos d'Esquadra habían reducido de madrugada en Barcelona cargando contra los protestantes –en una solidaridad que llegaba hasta Madrid– cuando Mariano Rajoy y PSOE daban por "desactivado" el operativo del referéndum y pasaban página ofreciendo "diálogo" como si 5 años de proceso no hubieran existido.

Así se levantó la capital del Estado este jueves, con una retahíla de ministros que desfilaban por radio, prensa y televisión para repetir consignas que Rajoy y el Partido Popular ya habían utilizado en anteriores ocasiones –sin acabar de aplicarlas. El ministro de economía, Luis De Guindos abría la puerta a más financiación, como insinuando la posibilidad de abordar el cupo y el de Justicia, Rafael Catalá, no descartaba una reforma constitucional. Todo, a condición de que el president Carles Puigdemont renunciara definitivamente para permanecer "dentro de la legalidad".

Así rebajaba la Moncloa el tono con que el presidente había hablado la noche anterior, tras la incautación de 10 millones de papeletas por parte de la Guardia Civil, en una macrooperación considerada en Madrid el golpe de gracia al 1-O. "Renuncien, están a tiempo de evitar males mayores", amenazaba al Govern. Si bien, mientras saboreaba las mieles de la victoria al día siguiente, el Ejecutivo viró la dialéctica beligerante de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría –cuando hace semanas dijo al diputado del PDeCAT, Jordi Xuclà, que estaban en condiciones de ganar 10 a 1.

Pero Rajoy encontró en el "diálogo" una forma de hacer la pinza a Podemos e impedir que Pablo Iglesias hiciera del conflicto catalán una revuelta en todo el Estado –en contra del PP y con apoyo del PSOE. Los populares votaron a favor en el Congreso para la creación de la comisión propuesta por Pedro Sánchez para la modernización del Estado autonómico –cediendo por primera vez ante su máximo rival. Según fuentes del partido, esta buscaría en esencia una "respuesta política" para Catalunya –que podría pasar por las ofertas de De Guindos y Catalá.

Así y todo, las promesas de diálogo entre Barcelona y Madrid fueron perdiendo fuelle a lo largo de la jornada. Por una parte, Ciudadanos votó en contra de la mencionada comisión, y se negó a estar en ella –como ERC–, aunque fuentes socialistas mantenían la esperanza de que la formación naranja se sumara. En segundo lugar, el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo equiparó las cesiones a estudiar para Catalunya con los pactos de autogobierno en el País Vasco –obviando que el PNV también se queja de los recursos ante el Tribunal Constitucional en el ámbito competencial.

Los deseos de trasladarse al 2 de octubre en busca de un pacto con Catalunya entroncaron con el temor de la ejecutiva socialista y de la Moncloa sobre que se produjera un brote de confrontación en las calles. La hipótesis partiría del malestar de los ciudadanos que esperaban el referéndum, y la voluntad del Govern de llegar hasta el final. Por eso en Ferraz no descartaban una declaración unilateral de independencia, y en el Gobierno tampoco, aunque fuentes consultadas aseguraban que todo escenario estaba previsto y los soberanistas no "saltarían por encima" del Estado de Derecho.

Pero en medio de las ofertas de Rajoy y Sánchez, Puigdemont sacó el 1-O de las cenizas, ofreciendo un indicio de que el referéndum podía seguir adelante. El presidente de la Generalitat publicó la web con las direcciones de los colegios electorales, dejando en jaque al Gobierno. Pues fuentes consultadas aseguraban la noche antes la improbabilidad de que la Generalitat tuviera ningún sistema informático para el cómputo o base de datos. Pero el catalán advertía que existían "planes de contingencia", devolviendo el fuelle a la movilización en las calles, respondiendo así a la "represión" del Estado y al "diálogo".