El PP ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno a reformar la Ley del Indulto, de modo que no puedan concederse a personas condenadas por rebelión y sedición, como en el caso del procés; la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), para que sean los propios jueces quienes elijan a los vocales judiciales del CGPJ; y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para garantizar la imparcialidad del fiscal general del Estado.

La propuesta también busca que se establezcan reglas precisas con la intención de "reducir la discrecionalidad del Gobierno" y, en concreto, propone que los informes que deben emitir la Fiscalía y el tribunal sentenciador sean vinculantes en casos de "delitos de especial gravedad", de tal forma que el Ejecutivo no pueda indultar cuando alguno de los dos se oponga.

El PP entiende que esta reforma legal es necesaria porque la actual norma, de 1870, "recoge un catálogo de situaciones procesales excluidas de la aplicación del indulto" pero "no recoge un catálogo de delitos a los que no sea aplicable" la medida, por lo que no tiene en cuenta ni el tipo penal ni el bien jurídico lesionado.

Los populares argumentan que "las preocupantes noticias que cíclicamente aparecen sobre la eventual concesión del indulto por el Gobierno a quienes han sido condenados por la comisión del delito de sedición causan el rechazo de gran parte de la sociedad". En su juicio, el indulto debe ser un "recurso excepcional" que "solo es democráticamente asumible cuando en su concesión concurran las razones de justicia, equidad o utilidad, algo que en absoluto se da en este caso".

"Utilizar esta figura jurídica como moneda de cambio con fines políticos partidistas subvertiría la propia naturaleza de la gracia del indulto, supondría un ataque a los pilares básicos de la democracia, como son la separación de poderes y la igualdad ante la ley, y rompería las reglas de convivencia de la sociedad española", advierte el PP.

Pide un cambio en la elección del Fiscal General del Estado

La formación liderada por Casado también pide al Gobierno que emprenda "una profunda reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al objeto de garantizar, entre otras cuestiones, la imparcialidad del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE)".

En este punto, el PP ha vuelto a criticar que la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, haya pasado al cargo inmediatamente después de ser ministra de Justicia del actual Gobierno, instando a Moncloa a pedir a la Abogacía del Estado que exija su abstención en los casos que la afectan por razón de su anterior puesto. Así pues, el PP plantea establecer un "sistema objetivo" para elegir al fiscal general del Estado, abogando por impedir que acceda al cargo "todo aquel que haya desempeñado un cargo político o de confianza política en los diez años anteriores a su nombramiento" y por que el Consejo General del Poder Judicial tenga un mayor peso en la designación del jefe de la FGE frente a la "pura audiencia" que rige ahora.

El Partido Popular también quiere que se refuercen los "contrapesos" al ejercicio de las funciones del fiscal general aumentando las competencias y atribuciones del Consejo Fiscal, "al objeto de impedir la arbitrariedad sucedida, por ejemplo, con la discrecionalidad con la que se han convocado y resuelto los concursos de las plazas vacantes de fiscales que deben ser provistas por libre designación". Además, estima necesario "dotar de una mayor transparencia las comunicaciones entre el Gobierno y la FGE". Y, para ello, propone que estas comunicaciones se publiquen en la memoria anual del Ministerio Público y que haya una "coetánea dación de cuentas al Congreso de los Diputados", favoreciendo así la labor fiscalizadora de las Cortes sobre Ejecutivo y Fiscalía.

Que los vocales del CGPJ sean elegidos por jueces

Por otra parte, el Partido Popular emplaza a Moncloa a reformar la LOPJ para que los doce vocales del CGPJ que proceden de la carrera judicial "sean elegidos directamente por y entre todos los jueces y magistrados pertenecientes a todas las categorías judiciales y que se encuentren en servicio activo". Los populares hacen esta exigencia frente a lo que consideran un "persistente acecho" al Poder Judicial por parte del Gobierno debido a la reforma aprobada que limita las funciones del CGPJ cuando ha expirado su mandato y a la propuesta -ya retirada- para reducir la mayoría parlamentaria por la que se elige a los vocales.

En esta línea, también solicita que se garantice la participación del Poder Judicial en las reformas que le afecten. Así, expone, tendrá que ser escuchado siempre mediante la evacuación de informes que deberán tener carácter preceptivo.