El Partido Popular propondrá en el Congreso impedir que se puedan indultar condenados por rebelión y sedición, justamente, los delitos de los que se acusa los políticos independentistas junto con el de desobediencia. Los populares quieren aprovechar una proposición de ley del PSOE, que impulsa una reforma para impedir que por ley haya indultos para delitos relacionados con la corrupción o con la violencia de género, para incluir también que no se pueda indultar por los delitos rebelión y sedición.

Estos son los delitos de los que se acusa al president Carles Puigdemont, al vicepresidentOriol Junqueras, así como el resto de consellers del Govern y a los líderes de las entidades soberanistas, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. De aprobarse esta propuesta del PP, los líderes independentistas no podrían ser indultados por un acuerdo político, a no ser que se volviera a modificar la ley.

Esta, además, no es la única modificación que los populares enmiendan de la propuesta socialista, sino que también piden que "el indulto de la pena principal lleve consigo el de las accesorias que con ella hubieran impuesto al condenado" excepto la de inhabilitación para cargos públicos y derecho político. Es decir, si los independentistas fueran condenados por delitos menos graves, que no fueran los de rebelión y sedición, pero fueran inhabilitados, no podrían volver a la vida pública a pesar de ser indultados.

 

El PP no tiene actualmente los votos suficientes para salir adelante y aprobar estas enmiendas para modificar la Ley de Gracia de Indulto, fechada en 1870, y necesitaría el apoyo del PSOE o el de Ciudadanos y la abstención de los socialistas. Los populares han entrado a registro esta enmienda a última hora, antes de que este miércoles la mesa de la comisión de justicia decida cuándo se debaten y votan.

Los indultos para los políticos independentistas ya entraron a debate durante la campaña electoral del 21-D, cuando el candidato del PSC, Miquel Iceta, propuso hablar de indultos en caso de que los líderes políticos catalanes fueran condenados. Una propuesta que duró muy poco, ya que el PSOE, además de PP y Cs, se desmarcaron.

La propuesta del PSOE proponía dejar excluidos de la Ley de Indultos a los condenados por delitos relacionados con la corrupción política cometidos por cargos públicos electos o altos cargos de la administración. Es decir, de los delitos tipificados en los capítulos IV y XIX del libro II del Código Penal, que incluye soborno, tráfico de influencias, malversación y fraude, entre otros.